Lima. La fiscalía de Perú incautó ayer al gobernador Wilfredo Oscorima tres relojes Rolex y una pulsera que supuestamente le prestó a la presidenta Dina Boluarte, joyas por las que se le investiga en un caso de presunto enriquecimiento ilícito que puede acabar con su gobierno.

El Ministerio Público decidió hacer la incautación sin mandato judicial. El argumento es que se podrían perder los bienes, denunció ante un grupo de periodistas Humberto Abanto, abogado del gobernador de Ayacucho, tras abandonar la fiscalía.

La medida se tomó durante una diligencia de exhibición de los tres relojes Rolex y la pulsera, cuya marca no se especificó.

La presidenta, quien está en el centro del escándalo por usar prendas de lujo que omitió declarar como funcionaria pública, se defendió el viernes pasado ante la fiscalía alegando que los Rolex que ha usado pertenecen a su amigo, el gobernador Oscorima.

Boluarte también ha negado poseer joyas Cartier y Van Cleef, como acusa la fiscalía con base en informaciones de prensa.

Mientras, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso compareció el gerente de una tienda de joyas que tiene la exclusividad de venta de Rolex en Perú, quien negó conocer al gobernador Oscorima.

Interrogado por los congresistas, el empresario Héctor Banchero aseguró que nunca ha visto al gobernador comprando en su joyería.

Guarda silencio

El gobernador de Ayacucho se presentó en dicha comisión parlamentaria, donde apeló a su derecho al silencio para no responder sobre el escándalo que salpica a Boluarte.

Las indagaciones por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos comenzaron el 18 de marzo, tras una denuncia periodística del medio digital La Encerrona.

La información reveló que Boluarte usó varios relojes Rolex en actividades oficiales desde que asumió como vicepresidenta del gobierno del destituido presidente izquierdista Pedro Castillo y ministra de Desarrollo e Inclusión Social en 2021.

Si la fiscalía decide imputar a la presidenta deberá esperar a que termine su mandato, en julio de 2026, para llevarla a juicio, según establece la Constitución.

La fiscalía ya la investigaba desde 2023 por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.