omo señalé el pasado lunes, llevamos medio siglo de administraciones públicas y legisladores que prometen conservar y utilizar racionalmente el agua. Nos mintieron. Por ejemplo, en las áreas de riego de cada dos litros de las fuentes de suministro se pierde uno en los sistemas de conducción, distribución y uso. El manejo del líquido es generalmente obsoleto y la infraestructura hidráulica tiene un alto grado de deterioro. Las cuotas que se pagan por el agua no cubren su valor real. Ello propicia el desperdicio y alienta la sobrexplotación de los acuíferos vía las concesiones otorgadas en favor de agro empresarios y políticos y en detrimento del sector campesino.

En los centros urbanos también hay una pésima administración. En la megaurbe cuyo eje es la Ciudad de México y donde viven cerca de 30 millones de personas, se desperdicia por fugas 40 por ciento del agua inyectada a la red de distribución. Igual en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Puebla, León y Monterrey.

Como el agua que se surte a los hogares no es potable, las familias gastan 55 pesos en adquirir un garrafón de 20 litros. Un litro en una tienda vale en promedio 15 pesos. Pero por mil litros proporcionados por la red pública, el usuario apenas paga una quinta parte, gracias al subsidio gubernamental. Y en el absurdo: el ex presidente Felipe Calderón malgastó miles de millones de pesos en una faraónica obra para sacar el agua de lluvia de la Cuenca de México. Cuando lo sensato era invertir en retenerla para alimentar el manto freático y mejorar la red de distribución a fin de reducir las fugas que presenta. Manto tan sobrexplotado que la Ciudad de México lleva más de un siglo hundiéndose, lo que es un serio peligro para sus habitantes y la infraestructura urbana.

El agua es un bien de la nación y es mandato constitucional proporcionarla de buena calidad y suficiente. Si el usuario pagara lo justo por el líquido; si la prioridad fuera captar el agua de lluvia para recargar los acuíferos; tratar y reusar las negras; si se evitara la corrupción en las obras hidráulicas y utilizara bien en el agro y las ciudades, los problemas actuales se resolverían más fácilmente. Además, la población no tendría que padecer la falta del elemento.

Ya sufrimos los efectos del cambio climático. Hoy, sequía y altas temperaturas; luego lluvias torrenciales que dejan daños por doquier. Todos los pronósticos muestran que será más costoso surtir de agua a la creciente población y a los polos de atracción económica. Mientras, está ausente una política gubernamental que garantice la calidad del agua; que sancione a quien la contamine; que obligue al tratamiento de las aguas residuales y no subsidie el desperdicio; ni se permita que las cuencas hidrográficas, las lagunas y las costas sean destino final de todo tipo de desechos. Prioritario evitar la deforestación de las cuencas hidrográficas y los bosques que rodean la Ciudad de México y entidades vecinas; igualmente impulsar la investigación científica y tecnológica para sortear los problemas en el norte del país donde el líquido más escasea, y en el sureste, donde por su abundancia su manejo y uso es un desafío. No olvidemos las inundaciones en Tabasco.

El mal uso del agua es un freno al desenvolvimiento económico y social, una amenaza a la salud, a la sobrevivencia de algunas poblaciones. La historia muestra que la falta de agua y/o su mala calidad, limita las perspectivas de bienestar de millones de habitantes y origina agudos conflictos sociales y entre las comunidades.

Las instancias oficiales y el Congreso de la Unión le han fallado a la ciudadanía, que confió en ellos la buena administración del agua. Un ejemplo entre muchos: los legisladores no aprueban, desde hace 12 años, la nueva Ley General del Agua, que evitaría muchos de los problemas actuales. También ha fallado la población, al no exigir a funcionarios y legisladores rendir cuentas, cumplir con su deber y con la Constitución. Si la sociedad no actúa organizadamente para revertir la situación actual, el futuro de México será de mayores carencias y desigualdades en el suministro del agua. Como bien señala el biólogo Horacio de la Cueva, el agua no se crea ni se destruye. Sólo se utiliza mal y en beneficio de grandes intereses. Y no debe privatizarse.