a Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) deben sancionar con rigor ejemplar al gobierno de Ecuador, por la infame e inadmisible violación de la dignidad y de la soberanía de México, perpetrada al invadir e introducirse por la fuerza al inmueble que ocupa la sede de la embajada de nuestro país en Quito, con el argumento de aprehender al ex vicepresidente de aquel país, Jorge Glas, acusado por su gobierno como delincuente por haber cometido delitos considerados graves, y a quien México valoró para otorgarle el asilo político solicitado, fiel a nuestra tradición diplomática y solidaria.

No basta con que estos organismos multilaterales creados para lograr acuerdos que conlleven a la solución pacífica de las controversias solamente fustiguen y rechacen los lamentables hechos violentos ocurridos durante el fin de la semana pasada en Quito en los que con lujo de fuerza también se agredió al personal diplomático mexicano y se aprehendió al político ecuatoriano quien ya se encuentra recluido en prisión de alta seguridad. Se hace necesaria una sanción ejemplar y contundente que signifique un precedente de igual tamaño y trascendencia al precedente inaceptable que el gobierno ecuatoriano accionó con su felonía que a todas luces violó la respetabilidad que merece nuestro país, además por violentar el derecho internacional.

El gobierno de Ecuador debió haber asumido, previamente, una actitud de prudencia política con base en la relación de armonía que existía entre ambas naciones y sus gobiernos, con el objeto de agotar las mejores y más eficaces instancias políticas y diplomáticas y por ese camino llegar a un acuerdo que conllevara a un arreglo sin violencia, –con sus alegatos para aplicar sus leyes al supuesto delincuente–, no obstante su derecho a solicitar el asilo político que, por lo demás México suele otorgar, tradicionalmente, a un perseguido político.

Por supuesto que es inaceptable lo sucedido, y que es muy grave, delicado y peligroso que el gobierno ecuatoriano haya actuado como lo hizo, pues sentó un precedente violatorio de los acuerdos internacionales que tanto México como Ecuador e infinidad de países han firmado desde hace decenios, por ello la exigencia para que sea sancionado su gobierno.

Pero también es imperativo asumir que el gobierno mexicano y en específico el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no deben intervenir en los asuntos internos de otro país, y que en toda relación bilateral y multilateral deben preservarse las buenas maneras y las formas más elementales de la buena diplomacia y de la concordia entre países amigos y más aún entre naciones consideradas hermanas.

En este contexto lo más pertinente y lo más aconsejable es que ningún presidente o jefe de Estado debe intervenir, ni siquiera verbalmente, en los asuntos internos de otra nación, salvo cuando existan flagrancias de lesa humanidad o cuando se afecten los intereses de su patria, pues se generan ofensas y reacciones como la terrible que estamos lamentando.

Luego entonces lo más recomendable es cuidar las formas, respetar a los demás y en verdad atender y hacerle caso al apotegma del Benemérito don Benito Juárez: Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz.

Y más aún la reiterada frase del pensador italiano Antonio Gramsci: Buenas maneras hasta con los adversarios.

Y es que tenemos ejemplos penosos de situaciones de tensión diplomática con varios países y con algunos organismos internacionales que a nada bueno conducen para México.

Afortunadamente el actual gobierno mexicano tiene en Alicia Bárcena a una excelente secretaria de Relaciones Exteriores, quien ha de estar aplicada en resolver tan delicada encrucijada entre México y Ecuador, y también con Perú y con Argentina.

Lo mejor hubiera sido actuar de manera preventiva, pero eso ya pasó.

Ojalá que la situación mejore y se normalice lo antes posible, en justicia y con base en las leyes.