Cancún, QR., El gobierno de Quintana Roo interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), contra la concesionaria del servicio de agua potable Desarrollos Hidráulicos Cancún (DHC-Aguakán), como presunta responsable del delito de fraude procesal, dio a conocer la titular de la Secretaría de Gobierno estatal, María Cristina Torres Gómez.

El 23 de diciembre pasado la legislatura estatal abrogó el decreto 250 por el que a Aguakán se le ampliaba la concesión por otros 30 años. Ante la negativa, la firma presentó un amparo contra el gobierno del estado y el Congreso por dicha revocación.

Torres Gómez explicó que, dentro del juicio de amparo, los abogados detectaron algunas irregularidades que pueden ser indicios del delito de fraude procesal, el cual consiste en argumentos que promueve Aguakán a su favor, pero son falsos y tienen la intención de ganar el amparo.

Refirió que como autoridad deben promover el cuidado máximo de la población y los bienes, y el viernes interpusieron la denuncia penal ante la FGR, porque se deriva del juicio de amparo que interpuso la concesionaria, el cual se desahoga en juzgados federales.

Respecto al recurso, dijo que Congreso y gobierno son señalados; el primero por revocar la concesión que le permitiría dar sus servicios en cuatro municipios por 30 años más, y el segundo por publicar el decreto, es decir, ambos Poderes son autoridades responsables, indicó.

La funcionaria detalló que los argumentos para rescindir el contrato de Aguakán son varios. Básicamente la ley de municipios establece que cuando los periodos de concesión exceden el tiempo de una administración pública, el Congreso es el que debe autorizar un nuevo permiso mediante una licitación, misma que de entrada se incumplió, y le autorizaron continuar por adjudicación directa, señaló.

Además, la concesión impactaría únicamente al municipio donde originalmente tenía el permiso, que era Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún; sin embargo, en la ampliación de la autorización se incluyó a Puerto Morelos, Isla Mujeres y Solidaridad, precisó la secretaria.

El segundo error, destacó, es que tras la adjudicación, los ayuntamientos firmaron el contrato con Aguakán; pero éstos lo debieron entregar a la legislatura para que a su vez avalara las condiciones del mismo y permitir la concesión, lo cual no pasó y la empresa inició operaciones.

Se saltaron la soberanía de un poder que tiene la obligación de revisar que los municipios no sean vulnerados. Añadió que al no cumplir con el requisito de validez del acto, los diputados determinaron la revocación dada en el pasado. El 19 de octubre de 1993, durante los gobiernos estatal y municipal de Benito Juárez, de los priístas Mario Villanueva Madrid y Carlos Cardín Pérez, respectivamente, se autorizó a Aguakán ofrecer los servicios de agua potable y alcantarillado.

En 2014, con Roberto Borge Ángulo como gobernador, la legislatura estatal avaló, mediante el decreto 250, ampliar el permiso por 30 años más para concluir en diciembre de 2054. Extensión que se iniciaría a partir del primero de enero de 2024.