La comunidad maya de Chapab, Yucatán, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a atraer su caso y frenar la violación de los derechos humanos al medio ambiente, la salud y la libre determinación del pueblo indígena, que provoca la operación de una megagranja de cerdos que se instaló en su territorio en 2017, sin su consentimiento y cobijada por instituciones estatales y judiciales.

Sobre la granja, propiedad de las empresas Grupo Porcícola Chapab y Productora Pecuaria de Yucatán, la población de Chapab obtuvo en 2021 una suspensión definitiva dentro de un juicio de amparo promovido ante los juzgados de distrito en Yucatán, por las afectaciones ocasionadas por su operación, principalmente por la probable contaminación del agua, el aire y el suelo, pero este juicio fue desechado por el Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, señalaron Kanan Derechos Humanos, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, así como cientos de comunidades, organizaciones, instituciones académicas y ciudadanos.

Señalaron que el magistrado Jorge Enrique Eden Wynter García, a cargo de la ponencia, argumentó que la demanda presentada por la comunidad de Chapab era extemporánea, ya que debieron demandar dentro de los primeros 15 días después del establecimiento de la megagranja. “Esto carece de sentido, pues los daños al territorio y a los pobladores se hicieron evidentes durante la operación de la granja.

Además, es insólito que el Poder Judicial Federal (PJF) resuelva un tiempo obtuso (caduco) para la defensa de derechos humanos por afectaciones al ambiente, al territorio y a otros derechos que prevalecen hasta que las autoridades cumplan con sus obligaciones”, dijeron en un comunicado.

Resolutivos favorecen a las empresas porcícolas

Agregaron que con estos resolutivos favorables para las empresas porcícolas, a pesar de la demostración de la violación de derechos humanos de los pueblos y los impactos ambientales, el PJF manda un mensaje, por demás preocupante, diciendo a las empresas que pueden operar en la irregularidad, si no fueron demandadas dentro de los primeros 15 días después de que se establecieron en los territorios de las comunidades.

Dijeron que el colectivo Kanan Lu’um Moo presentó una nueva demanda de amparo por la vulneración de su derecho a la consulta indígena, al consentimiento previo, libre e informado, y a la libre determinación, aunque está en riesgo de ser desechada pues nuevamente ha sido turnada al Tribunal Colegiado Penal en Yucatán, con el magistrado Wynter García.