La reforma de 2021 para prohibir la subcontratación abusiva –orientada a esquilmar los derechos laborales para maximizar las ganancias patronales– redujo drásticamente esta práctica e incrementó los salarios y beneficios de los trabajadores, sin reducir la producción ni el empleo, de acuerdo con una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER, por su siglas en inglés).

El logro de reducir la explotación laboral, que alcanzó la reforma, se acompañó de una merma comparativamente leve de la inversión y a un aumento igualmente leve de la salida del mercado de algunos negocios, sopesó la organización. Al tiempo que se registró una reducción en los recortes laborales entre las empresas que anteriormente subcontrataban, los cuáles eran más altos en los negocios de mayor tamaño, expuso.

Excesos en las manufacturas

Antes de la reforma, México registraba un elevado y persistente índice de subcontratación, particularmente en el sector manufacturero, de acuerdo con el documento de trabajo publicado por NBER.

En la maquila, el número de trabajadores contratados vía terciarización como proporción de toda la fuerza de trabajo en el sector se triplicó de siete a 21 por ciento entre 2000 y 2021, consigna el estudio.

La causa de dicha escalada fue la reducción de los costos patronales. La seguridad social, las ganancias compartidas y otros beneficios eran, respectivamente, siete, tres y dos puntos porcentuales más bajos en promedio a través de una empresa de terciarización, que en los establecimientos manufactureros que contratan trabajadores directamente; e incluso podían llegar a cero en el esquema más agresivo de subcontratación.

El estudio hace un comparativo sobre las variables laborales tras la reforma de 2021, que acotó la subcontratación a servicios especializados –como limpieza, jardinería y servicios de seguridad–, que quedaban fuera del núcleo de las actividades económicas de la empresa empleadora.

Entre los primeros efectos de la reforma, se encuentran un aumento de 70 por ciento en los salarios pagados en diciembre –dado que para ahorrarse gastos laborales como el aguinaldo, las firmas de terciarización daban de baja a los trabajadores a fin de año y los recontrataban en enero–; y también se registró un incremento de 62 por ciento en la participación en las utilidades.

La reforma también provocó que el número de trabajadores contratados aumentara 81 por ciento en los establecimientos totalmente expuestos a la modificación y el aumento del salario promedio en 35 por ciento, de acuerdo con el documento de trabajo.

La implicación política clave de nuestro hallazgo es que la legislación laboral, particularmente las regulaciones nacionales de subcontratación, pueden proteger a los trabajadores de la explotación, pero pueden hacerlo a expensas de la inversión; lo que sugiere la respuesta a la pregunta de por qué los gobiernos de los países en desarrollo no han promovido en gran medida regulaciones que protejan a los trabajadores de los cambios en la organización de la producción después de la liberalización del comercio, expone la investigación.