La defensa que han hecho los pueblos alteños de Temacapulín, Acasico y Palmarejo frente al Estado mexicano, lo convierte un caso significativo de movilización y resistencia frente a los mega-proyectos hídricos. Y aunque la determinación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de no inundar las comunidades trastocó una relación de lucha muy desigual (noviembre de 2019), aportó algo de tranquilidad a los habitantes de las comunidades. Desde entonces a la fecha, el conflicto se ha transformado a partir de una decisión salomónica: por un lado, no se inundan las comunidades y, por el otro, se hacen los ajustes técnicos respectivos. A pesar de lo que se piensa, el conflicto no concluye. Al contrario, han emergido otros frentes debido a que ya no hay un enemigo común: el Estado mexicano. Para entender las fases sociopolíticas en torno a la construcción de la presa, es importante insertar el proyecto en un problema estructural para entender la actual coyuntura.
El conflicto simplemente se ha transformado. Una situación importante es que la incertidumbre impera en los habitantes de los pueblos, ya que puede ser reactivado por otro gobierno federal. Otro es que no resuelve el asunto de fondo, y es el relativo a que no se cambia el paradigma en la problemática del agua: no es un problema de escasez sino de gestión del vital líquido.
El conflicto en el mediano plazo se inscribe en el marco de mega-obras para abastecer de agua al área metropolitana de Guadalajara. Desde la década de 1990 se han formulado diversos mega-proyectos ligados a los gobiernos de diferente filiación partidista. Los más renombrados son, por ejemplo, la Zurda-Calderón que fue un proyecto de los últimos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional; el crédito japonés para sanear las aguas residuales en el primer gobierno panista de Alberto Cárdenas; o la construcción de la presa de Arcediano en el gobierno de Francisco Ramírez. Cabe resaltar que todos los proyectos parten de una óptica ingenieril. Resaltan la viabilidad técnica, pero son débiles en la factibilidad política al ignorar la dimensión social.
La historia de la presa El Zapotillo inicia en el año de 2009, pero se puede rastrear cuando el presidente Vicente Fox planteó dotar de agua a la zona metropolitana de León, Guanajuato. La construcción de la presa ha sido detallada en múltiples trabajos periodísticos y académicos, pero el ignorar la dimensión social y territorial ha provocado que los costos financieros aumenten al no considerar situaciones no anticipadas y manejarlas de la mejor manera.
Por otro lado, la construcción de la presa El Zapotillo ha evidenciado que el Estado mexicano incumple sus propios procesos. El más recordado es cuando la Suprema Corte declaró la invalidez del convenio celebrado entre los gobiernos de Jalisco y Guanajuato para que la presa alcanzara la famosa altura de 105 metros. Pero, y ante las legítimas luchas, los gobiernos han respondido con la represión y hostigamiento; criminalizando con ello la protesta y la disidencia social. Fue así que, entre indefiniciones, promesas incumplidas u oídos sordos de las autoridades, los pueblos resisten. En la coyuntura actual la demanda de mayor acompañamiento y atención al conflicto es necesaria pues se reviste de más elementos, uno de ellos es el desgaste físico y emocional.
El que las autoridades federales atendieran, escucharan y respetaran el derecho de tres comunidades a decir NO a un megaproyecto que amenazaba su vida, tradiciones, cultura y patrimonio, obtuvo un triunfo que puede ser valorado a medias. De hecho, no fueron en sí las instancias estatales, sino que AMLO, cuando asumió la presidencia de la República, hizo suya esta elemental demanda. Desde antes y como candidato, AMLO visitó la zona para comprometerse de no inundar los pueblos. La promesa se cumplió cuando en su tercera visita, y ya siendo jefe de Estado, oficializó la no inundación de las comunidades. En el acto se anunció un Plan de Justicia (PJ). La decisión no fue del agrado de todos. Mientras el gobierno de Jalisco se muestra titubeante, el de Guanajuato y sus empresarios, así como el Partido Acción Nacional, han rechazado abiertamente la decisión y es posible que estén a la expectativa de que otra administración federal retome el proyecto general.
Desaparecido el enemigo en común, las comunidades comienzan a ver más aristas. Las diferencias internas salen a relucir. Una tiene que ver con la implementación del PJ. En su instrumentación se nota que los tiempos en que operan las instituciones del Estado son diferentes a los de las comunidades. Las diferencias surgen por los recursos, proyectos y decisiones. Mención especial merece la presencia del crimen organizado con sus dispositivos panópticos y/o de control. Al final, pedirle a las comunidades que sigan resistiendo, es ignorar que el tiempo desgasta y transforma. Esto demanda mayor atención y acompañamiento. •