El Zapotillo: del Plan de Justicia para las Comunidades a la obsolescencia del modelo de gestión del agua

Satisfacer la creciente necesidad de agua en las áreas urbanas implica, bajo el enfoque de desarrollo predominante, llevar a cabo proyectos de infraestructura costosos en términos económicos, ambientales y sociales. Sin embargo, en este proceso, las personas afectadas por la implementación de grandes proyectos hídricos suelen quedar excluidas, ya que el argumento de “en beneficio nacional” prevalece sobre sus derechos y formas de vida. En esta perspectiva, las comunidades rurales a menudo quedan subordinadas a las demandas de las grandes ciudades. La experiencia de Temacapulín, Acasico y Palmarejo frente a la presa El Zapotillo ejemplifica esto.

Desde 2005, cuando se comenzaron a planificar los primeros pasos para la construcción de la presa El Zapotillo, un proyecto inicialmente destinado a abastecer de agua potable a la ciudad de León en Guanajuato, así como a la Zona Metropolitana de Guadalajara y la región de los Altos de Jalisco, las comunidades afectadas enfrentaron una amenaza inminente: la inundación de sus tierras y, en consecuencia, su desplazamiento forzado. En respuesta, iniciaron una lucha y resistencia contra los desafíos que ponían en peligro su calidad de vida, su herencia cultural y sus condiciones socioeconómicas. En general, los derechos humanos vulnerados incluyeron el acceso a la información y la participación pública, el acceso a la justicia, la legalidad y seguridad jurídicas, el desarrollo, la salud, la vivienda, el ambiente sano, la propiedad y la preservación de su cultura.

La lucha de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se convirtió en un ejemplo notable de resolución de un conflicto socioambiental cuando, en noviembre de 2021, lograron que el presidente Andrés Manuel López Obrador firmara el “Plan de Justicia para la Reparación Integral de los daños de los pueblos Campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco”. Este plan atendió las demandas de las comunidades afectadas, pero también permitió la continuación de la construcción de la presa después de 16 años de disputas legales. El plan asegura que Temacapulín, Acasico y Palmarejo no serán inundados al reducir la altura de la cortina de la presa y crear ventanas de 9 metros para liberar agua durante lluvias intensas. Además, establece que el agua se utilizará únicamente para la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Desde una perspectiva social, cultural y ambiental, el Plan de Justicia comprende 15 puntos para reparar integralmente el daño causado a las comunidades. Esto incluye una auditoría para detectar y sancionar posibles actos de corrupción, disculpas del Estado por las violaciones a los derechos humanos, el derecho al retorno para los residentes de Palmarejo desplazados contra su voluntad, el respeto por las propiedades en la nueva localidad de Acasico, la creación de infraestructuras comunitarias como centros de salud, biblioteca comunitaria, carreteras, centros escolares, y la rehabilitación de áreas afectadas por la construcción de la presa y la extracción no regulada de material pétreo del río Verde.

Aunque el Plan de Justicia marca un hito al iniciar un nuevo diálogo entre las comunidades y el Gobierno Federal y busca reparar el daño causado, no resuelve los problemas subyacentes relacionados con un modelo insostenible de gestión del agua. La falta de un enfoque integral de manejo de recursos hídricos que considere tanto las necesidades humanas como las del entorno natural sigue siendo una tarea pendiente. Desde esta perspectiva, la presa El Zapotillo se erige como un ejemplo de enfoque obsoleto en el manejo del agua, centrado únicamente en la eficiencia económica y la productividad, este enfoque descuida los efectos ambientales perjudiciales que genera.

Las decisiones tomadas sin una consideración adecuada en cuanto a la gestión integral del agua, justifica una visión utilitaria que incita a su sobreexplotación y degradación y que tienen consecuencias inevitables en el entorno natural. Aunque en el caso de Temacapulín, Acasico y Palmarejo se ha logrado evitar la inundación y el desplazamiento de comunidades, los riesgos de agotamiento de acuíferos y degradación de cuerpos de agua permanecen latentes. En este sentido, es esencial reconocer que el Plan de Justicia representa un paso importante hacia la resolución de un conflicto, pero no aborda de manera completa el enfoque insostenible de gestión del agua que la presa El Zapotillo representa. Para un cambio significativo, se requiere una revisión integral del manejo de recursos hídricos que reconozca la interconexión de todos los aspectos relacionados con el agua, incluyendo su disponibilidad, calidad, necesidades sociales, pero también ecológicas. •