Volvimos a dormir en paz, a recuperar el sueño, a erradicar la incertidumbre, y poco a poco han ido desapareciendo nuestras pesadillas de quedar bajo el agua o ser despojados de nuestro territorio, patrimonio, cultura e identidad, nos dijo don Ponchito, defensor entrañable de Temacapulín, Jalisco, en una de las Asambleas Comunitarias donde se construía colectivamente la nueva estrategia de lucha, después de la firma de los “Acuerdos de No Inundación por el proyecto Presa El Zapotillo”, logrados por las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su Gabinete Ampliado, el 10 de noviembre de 2021, en la plaza principal de Temacapulín.
El testimonio de Don Poncho resonó con las valientes mujeres defensoras comunitarias de Temaca, presentes en la Asamblea, como doña Marichuy García, María Félix Rodríguez, Abigail Agredano, Isaura Gómez, Imelda Limón, Martha Álvarez, Blanca Gutiérrez, Rafaela Gallo, Socorro Jáuregui, Margarita Juárez, Aurora Jáuregui, Emilia Aramburo, Juana Ponce, Esmeralda Ayala, Consuelo Carbajal y Lourdes Jiménez. Sus palabras y sentimientos representaban lo que para ellos es significativo y habían ganado como fruto de su lucha, como expresión de lo que inmediatamente cambió en sus vidas, cuerpos, mentes y corazones.
Cautelosos, acordaron no echar las campanas al vuelo y guardar las celebraciones, hasta en tanto no estuvieran totalmente terminados los “agujeros” en la cortina de la presa, es decir, el vertedor físico, que les garantizará que las comunidades no queden bajo el agua, la Asamblea lo asumió como mandato, y la celebración de esta victoria, está pendiente.
A partir de ese momento, las comunidades se embarcaron en una nueva fase de su proceso de resistencia, defensa y recuperación de su territorio. En este punto, su lucha se centra en la búsqueda del derecho a una reparación integral por todos los daños materiales e inmateriales sufridos, que conlleva la reconstrucción del tejido social roto durante el conflicto, la exigencia de justicia y el cumplimiento de todos los derechos que les fueron negados.
El nuevo camino emprendido por las comunidades no ha sido fácil, ha requerido restaurar el diálogo, el respeto y la credibilidad con las autoridades, así como las garantías del Gobierno Federal para el cumplimiento de los acuerdos de no inundación, justicia y reparación. Estos acuerdos se resumen en el “Plan de Justicia para la Reparación Integral de los Daños de los pueblos campesinos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo en Jalisco”, que consta de 15 puntos que demandan la reparación de derechos que fueron violados y la propuesta de “Reacondicionamiento técnico del proyecto Presa El Zapotillo sin inundación de las comunidades”. Ambos planes fueron elaborados de manera participativa por las comunidades, en coordinación con el Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), el Colectivo de Abogados y sus asesores técnicos, los ingenieros Tunuary Chávez, Jonatán Godínez y Jorge Acosta.
Son muchas las lecciones y aprendizajes que nos aporta el proceso de resistencia y la lucha comunitaria de Temacapulín, Acasico y Palmarejo; el cimiento y corazón de lo logrado radicó en la fuerza de la organización y la identidad, es decir, el sentido de pertenencia al territorio para defenderlo incansablemente. No importa si por otras razones ya no se habita de manera permanente en los pueblos de origen, realidad que abraza a la mayoría de las comunidades de este país, que viven procesos de migración y despoblamiento acelerados. Temacapulín conservó su organización tradicional ligada a sus fiestas patronales y comunitarias e incluyó en la lucha a los hijos e hijas ausentes que viven en diferentes ciudades de los Estados Unidos y de México, quiénes defendieron el territorio aquí y allá, con un sentido de la resistencia territorial, multilocal, translocal, transterritorial y transnacional, que puede ser ejemplo para otras comunidades y movimientos que luchan contra el despojo, el extractivismo, la privatización y la mercantilización de nuestra agua y bienes comunes naturales.
Esta lucha demostró la fuerza de lo pequeño, con resultados gigantes. Gran lección para no desanimarnos ante la adversidad del contexto. Establecieron alianzas estratégicas de acompañamiento y asesoría permanente en lo organizativo, político, técnico y jurídico que fueron clave para llegar a la victoria en 2021. Politizaron sus creencias, sus símbolos religiosos, llevándolos al espacio de lo público, al debate sociopolítico y a la defensa de los derechos humanos. Superaron las múltiples violencias institucionales que les condenaban a desaparecer, tratándolos siempre como minorías o desiguales en derechos, en comparación a la gente de las ciudades, a donde llegaría el agua del río Verde. Aprendieron a rebelarse, a defenderse, a no tener miedo. Cuestionaron y se opusieron al modelo económico que despoja territorios y destruye la madre tierra. Usaron su derecho a decir ¡NO!, y propusieron un nuevo paradigma que contempla una diversidad de alternativas de gestión integral del agua para su territorio, Jalisco y México.
No obstante, las fracturas y los impactos resultantes del conflicto siguen vigentes en las comunidades, minando la capacidad de acción comunitaria. En esta fase crítica de la lucha, es esencial que la acción se mantenga activa y fortalecida. No debemos perder de vista que los causantes de estos perjuicios fueron los promotores del megaproyecto, los gobiernos y las empresas constructoras, todos los cuales vulneraron los derechos humanos y deben rendir cuentas.
El próximo 10 de noviembre se cumplirán dos años de la firma de los históricos “Acuerdos de No Inundación por el proyecto Presa El Zapotillo” logrados por las comunidades. El Gobierno del presidente López Obrador, estableció una relación renovada con las comunidades, caracterizada por un mayor respeto, diálogo, participación y voluntad política, que ha sido clave para el avance y el cumplimiento de los acuerdos, sin embargo, el laberinto de la burocracia ha estado presente y ha representado un desafío para el cumplimiento más ágil del plan de reparación de daños.
Le queda un año al gobierno de la 4T para finalizar su sexenio, tiempo en el que debe intensificar el cumplimiento total de los acuerdos comprometidos con las comunidades. Este es el momento y la oportunidad que tiene el Gobierno Federal para establecer precedentes en la reparación de daños causados por megaproyectos que violan derechos colectivos, como el acceso al agua, la preservación de un medio ambiente saludable y la integridad territorial. Es crucial que se cumplan medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción, ofrecimiento de disculpas públicas y garantías de no repetición.
La transformación del modelo de gestión y administración del agua en el país y el avance hacia un enfoque de reparación de daños más efectivo sigue siendo una tarea pendiente de la 4T. El derecho a la reparación integral de los daños es una obligación de Estado y por lo tanto trasciende sexenios, partidos y mandatarios. Las comunidades merecen justicia y los próximos gobiernos también están obligados a garantizar el derecho a la reparación. •