Declaración del Congreso-Encuentro Extractivismo, Contaminación y Alternativas

En la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas los días 21, 22, 23 y 24 de junio de 2023, nos reunimos mujeres y hombres de diversas organizaciones sociales, instituciones académicas, colectivas feministas y comunidades campesinas e indígenas de ocho estados de la república: Zacatecas, CDMX, Michoacán, Jalisco, Morelos, Puebla, San Luis Potosí y Oaxaca, con la intención de fomentar un diálogo de saberes, sentires y prácticas para hacer un diagnóstico de las múltiples crisis y retos que estamos enfrentando en los ámbitos local, nacional y global; y a partir de ello, trazar caminos a seguir para fortalecer todas las luchas presentes.

La mayoría de las personas son activistas y defensoras ambientales del Movimiento en Defensa del Territorio y del Río Atenco, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala; Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; la Asociación de posesionarios de Salaverna, Mazapil; la Asamblea de pobladores de La Colorada, Chalchihuites; la Comunidad Indígena de Cicacalco, Tlaltenango, Zacatecas; el Frente Amplio de Oposición a la mina San Xavier, SLP; la comunidad de Guadalcázar, SLP; además de colectivos y organizaciones civiles como Zacatecas por la Paz, Ambientes Justos A.C., Proyecto LAM A.C., Un Salto de Vida, Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas, La Sandía Digital, Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería (REMA), y Colectivo por la Autonomía; junto con profesores y estudiantes procedentes de 10 universidades y centros públicos de investigación (El Colegio de San Luis, CIESAS-Occidente, UdeG, UAZ, UAEM, UACM, Colpos, UNAM, UASLP y UAM).

En los tres días que estuvimos reunidos, analizamos cómo – en el contexto actual de guerra y múltiples crisis sociales y ambientales que ponen en peligro la vida misma a escala planetaria – la frontera extractiva se sigue expandiendo de manera acelerada. Nos referimos no sólo a la minería y al extractivismo energético, sino también al agroextractivismo, es decir, a los monocultivos que se producen con métodos y tecnologías perjudiciales a los ecosistemas y la salud de las comunidades locales, además de que explotan a las personas trabajadoras y pequeñas propietarias. Al mismo tiempo, este extractivismo incluye frecuentemente la construcción de grandes presas que inundan comunidades, y privan de agua a otras en un esfuerzo por satisfacer la sed insaciable del capital. Además, cuando hablamos de extractivismos, en definiciones más amplias, incluimos a los megaproyectos de desarrollo, como por ejemplo el Tren Maya y el Proyecto Integral Morelos. Con todo, en este congreso-encuentro el agua se convirtió en un eje transversal.

Vimos, igualmente, cómo los procesos de contaminación industrial, agroindustrial y urbana, impulsados por el capital y las agencias del Estado, impactan a las comunidades y constituyen verdaderos procesos de violencia ambiental; en un contexto de violencia exacerbada y ejercida por actores estatales, corporativos y criminales, cuyas dinámicas de acumulación por despojo subrayan la condición de nuestro país como potencia económica criminal. En nuestros intercambios, vimos cómo el despojo, el extractivismo y la contaminación tienen afectaciones particulares para las mujeres, incluso sobre sus cuerpos. Sus consecuencias son visibles en las múltiples formas de violencia ejercida contra ellas, especialmente en las defensoras del territorio, quienes tienen papeles de liderazgo en la mayoría de las luchas. Los testimonios de las defensoras y las activistas confirman que el capitalismo en su versión neoliberal descansa en una estructura de poder basada en un sistema de dominación masculina que sigue determinada por el racismo y el patriarcado.

En este contexto, denunciamos que tanto la responsabilidad social corporativa como las estrategias de greenwashing de las empresas nacionales y transnacionales forman parte de una estrategia de gobernanza neoliberal, que muchas veces juega un papel de criminalización de la protesta social con fines contrainsurgentes, mientras continúan los mismos procesos de despojo y destrucción socioambiental; y denunciamos que el propio Estado legaliza prácticas que van en contra de la biodiversidad y empodera a las empresas para garantizar la apropiación del territorio, en diversas dinámicas agroextractivas, incluso en los más recientes casos de expansión de monocultivos de agave tequilana y espadín, en el contexto del boom de los destilados de agave.

Demandamos

Alto a los programas federales que fomentan la deforestación y la devastación de los bosques, promoviendo la expansión de monocultivos y el cambio de uso del suelo, afectando los sistemas agroalimentarios tradicionales.

Respeto y reconocimiento a la autonomía y autodeterminación de las comunidades campesinas de todo el país, y a sus propias estrategias y alternativas de desarrollo.

Alto a la imposición del modelo agroindustrial contaminante derivado de la expansión masiva de agave, berries, aguacate y otras frutas y hortalizas de exportación en Jalisco y otras regiones del país.

Alto al despojo y hostigamiento a la comunidad de Salaverna, ejercida por la minera Frisco en contubernio con agencias del Estado.

La cancelación definitiva de la Presa Milpillas y la entrega de las credenciales ejidales por parte del Registro Agrario Nacional a los ejidos El Potrero, Corrales, Estancia de Guadalupe y Atotonilco del estado de Zacatecas, para que puedan ejercer plenamente la totalidad de sus derechos agrarios.

La cancelación definitiva del Proyecto Integral Morelos; justicia para Samir Flores y para todas las personas defensoras del territorio.

Una vida digna para los pueblos de la Cuenca Chapala – Santiago, la remediación ambiental del basurero Los Laureles y el cumplimiento de la Comisión Nacional del Agua a la exigencia de las comunidades de dar a conocer la calidad de las descargas al río Santiago en Jalisco.

El cumplimiento al Plan de Justicia para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, en el estado de Jalisco.

Un programa de cierre adecuado para el basurero en Cicacalco, con procesos de remediación, reparación y monitoreo del sitio.

Alto a la imposición de proyectos mineros y basureros tóxicos en Guadalcázar, San Luis Potosí.

La remediación adecuada para el sitio de la mina San Xavier y que no despojen a los pobladores de sus hogares, en el estado de San Luis Potosí.

Alto a las diversas formas de violencia y acoso a las personas defensoras del territorio, y defensoras de los derechos humanos

Reforzamiento del mecanismo de protección para las personas que hacen la labor de periodistas.

Caminos hacia adelante

Defender la salud y la vida de la niñez, libre de tóxicos en el ambiente.

Desnaturalizar y revertir la normalización de las diversas formas de violencia que vivimos.

Buscar el acompañamiento psicoemocional para las personas defensoras del territorio.

Despatriarcalizar el lenguaje con una perspectiva incluyente, no sólo como una forma de comunicación, sino para visibilizar a todas las personas como mujeres, indígenas, niñez y afrodescendientes.

Establecer un grupo de trabajo permanente en Zacatecas para profundizar en el análisis y diagnóstico de la crisis socioambiental del país.

Acabar con las malas prácticas académicas y generar principios y atributos de investigación empezando con los siguientes: pertinencia, la investigación debe estar en función del beneficio de la comunidad y no de intereses individuales o ajenos a nuestros objetivos de lucha; accesibilidad, toda la información que se genera a lo largo de la investigación debe ser abierta y estar disponible; co-construcción, los objetivos de la investigación deben construirse en conjunto y, de ser posible, también debe acordarse la metodología; reciprocidad, se espera que las reflexiones sean compartidas a lo largo de la investigación, así como los resultados y/o publicaciones sean devueltos a su término; y crítica y situada, por no respaldar investigaciones con perspectivas superficiales, meramente reformistas o que prioricen las voces de arriba (gobiernos o empresas). Debe quedar explícita la ética de la investigadora y sus motivaciones por investigar los procesos de despojo que padecemos. Con todo, buscamos posicionar una academia crítica que no sólo investigue, sino que intervenga en los procesos sociales.

Volvernos a reunir en otros territorios y abrir nuestro espacio de intercambio y colaboración a la región sur del país, además de buscar vincularnos con pueblos wixaritari y los pueblos en defensa del territorio de Wirikuta.

Generar espacios permanentes para compartir avances y apoyarnos mutuamente; y en particular un espacio de reflexión sobre masculinidades, violencias contra las mujeres y comportamientos machistas al interior de las organizaciones y sobre todo de las instituciones académicas; de intercambio y diálogo exclusivamente entre mujeres; de intercambio de experiencias de manejo de residuos sólidos y de fomento de la agroecología, de comunicación y difusión para vincularnos con medios alternativos; y un espacio de discusión sobre la ética en la investigación académica. •