Editorial

La posible disposición de los fideicomisos judiciales terminará en un laberinto jurídico. La suspensión dictada en varios amparos impide la disposición de los fondos existentes. Al menos la parte destinada a prestaciones laborales de los trabajadores judiciales (no se incluyen ministros en tales fideicomisos), debe ser respetada. No puede hablarse de fideicomisos en grupo. Deben separarse aquellos destinados a la promoción de la cultura judicial, por ejemplo, de los relativos a derechos salariales. Si se dispone de todo el dinero, se violarán las suspensiones concedidas y procederán los incidentes de incumplimiento o violación a la suspensión donde se ordenó que no se tocaran esos fideicomisos. Si lo hacen las autoridades presupuestarias, habrá dificultades para sancionarlas y, sobre todo, para recuperar los fondos. La esperanza puesta por miles de habitantes de Acapulco y zonas cercanas en recibir parte de esa enorme suma sin que se concrete, puede llevar a agresiones contra funcionarios judiciales, incluso contra quienes no hubieran promovido amparo sobre el tema. Un asunto político convertido en jurídico con implicaciones sociales.