Managua. El gobierno de Nicaragua canceló ayer la personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales y confiscó los bienes de 12 de ellas (organismos religiosos católicos y protestantes, y de atención a mujeres discapacitadas, entre otras) con lo que suman 3 mil 500 cerradas desde las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega.

Una resolución del Ministerio de Gobernación ordenó el cierre de 12 ong porque "han incumplido sus obligaciones" de ley al no reportar sus finanzas, y sus bienes pasarán a manos del Estado, según el diario oficial La Gaceta.

El gobierno también canceló la personalidad jurídica y registro de otras 13 organizaciones que solicitaron la disolución voluntaria, en algunos casos por haber concluido sus proyectos y en otros por dificultades económicas o falta de fondos. Sus bienes no fueron incautados.

Nicaragua endureció las leyes a las organizaciones civiles tras las protestas de 2018, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la Organización de Naciones Unidas.

Entre los miles de clausuras hay varias ligadas a la Iglesia católica, como la orden de los Frailes Menores Franciscanos en octubre y la Compañía de Jesús en agosto, tras confiscar la universidad jesuita de Managua por acusaciones de terrorismo, así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.

La relación clero-gobierno se deterioró en medio de las protestas. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países denunciaron violenta represión contra opositores.

El gobierno, que consideró las protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington, asegura que algunas ong financiaron las protestas de 2018 a fin de derrocar a Ortega.