Madrid. El juez de la Audiencia Nacional de España, Manuel García-Castellón, abrió una investigación como imputados por delitos por terrorismo contra el ex presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a Marta Rovira la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), a los que, según un informe de la Guardia Civil, sitúa en el liderazgo de la revuelta popular de 2019 y que protagonizaron una serie de ciudadanos y organizaciones en torno a la plataforma Tsunami Democrático.

La imputación coincide con las negociaciones a fin de lograr la mayoría necesaria para la investidura del socialista Pedro Sánchez, quien dialoga con Puigdemont y ERC para sellar su relección en el cargo de presidente del gobierno.

El auto judicial fue dado a conocer por el propio magistrado, quien tiene en contra el criterio de la Fiscalía General del Estado y de los fiscales de Audiencia Nacional que instruyen el caso, que anunciaron que presentarán un recurso contra la decisión del juez, en consonancia con la estrategia de los abogados del propio Puigdemont y de Rovira, el primero residiendo en Bruselas desde 2017 y la segunda en Suiza, desde 2018, precisamente para evitar que fueran juzgados por los tribunales españoles.

La imputación de García-Castellón también afecta a destacados líderes del separatismo catalán y personajes muy próximos a Puigdemont, como Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell, ex consejero de la Generalitat y ex dirigente de ERC; a los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó, así como a Marta Molina, quien ocupó cargos en ERC.

A todos ellos los investigan basándose en el citado informe de la Guardia Civil, en el además se identifican una serie de reuniones en Ginebra para desarrollar la estrategia de actos de sabotaje a las infraestructuras públicas en Cataluña a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en el 2019 contra los líderes separatistas que sí fueron juzgados por su participación en la declaración unilateral fallida de independencia de octubre de 2017.

Este paso de la justicia española contra los líderes separatistas catalanes coincide con las negociaciones para garantizar la investidura de Sánchez, que se desarollan en Bruselas y que según ambos partidos, el PSOE y JxCat, están a punto de sellar el pacto a la espera de solucionar una serie de problemas técnicos.

El principal escollo es el sentido de la ley general de amnistía que pretende aprobar el futuro gobierno y con la que absolvería todos los delitos investigados en la causa abierta en la Audiencia Nacional. Puigdemont calificó la maniobra de la justicia española de “un golpe de Estado permanente y una muestra más de que sí existe la guerra judicial y el lawfare contra el secesionismo. Mientras no cierren la puerta que abrió el rey con el discurso del 3 de octubre, siempre se sentirá hedor de alcantarilla”, afirmó el líder catalán.