Bogotá. Con el lema el que persevera, alcanza, el gobierno de Gustavo Petro comenzó esta semana un nuevo intento para aprobar en el legislativo una reforma laboral, hecho que ha prendido otra vez las alarmas en los gremios patronales, donde la califican de destructora del empleo y la productividad.

Hundida en la anterior legislatura debido a la dispersión de las fuerzas políticas, que, sin el menor recato, retiraron su inicial apoyo al gobierno para pasarse a las filas de la oposición, esta nueva reforma no sólo llegó recargada, sino que fue radicada en la comisión séptima de la Cámara de Representantes sin aviso, tomando por sorpresa a sus radicales y variopintos adversarios.

Gloria Inés Ramírez, la curtida ministra de Trabajo de Petro, que acumula miles de millas en el movimiento sindical, desestimó hoy los amenazantes lamentos de los llamados gremios de la producción, reafirmando el compromiso con el cambio del actual gobierno que –expuso– está y estará del lado de las mayorías.

La reforma contiene 92 artículos, 16 más que la anterior, reunidos bajo el eslogan Trabajo digno y decente para los colombianos. Propone jornadas laborales de ocho horas al día, estableciendo que la diurna comienza a las seis de la mañana y termina a las siete de la noche. Según la iniciativa, la jornada nocturna comenzará a las siete de la noche (actualmente empieza a las nueve), terminando a las seis de la mañana.

También establece el pago por trabajo nocturno de 50 por ciento sobre el salario pactado y de cien por ciento para quienes laboren domingos y días festivos, cifra que hoy está en 75 por ciento.

Subraya el proyecto de ley que la norma general se regirá por la contratación de los trabajadores a término indefinido, señalando un minucioso procedimiento para eventuales despidos, siempre con el ánimo de proteger la estabilidad laboral de los empleados.

Condiciones dignas contra productividad

La reforma incluye licencia de paternidad de 12 semanas, estímulos a las empresas que contraten personas con discapacidad, invitándolas también a promover el trabajo en casa o a distancia, lo cual queda regulado con precisión.

Llama la atención que el articulado se ocupe de nuevas formas de contratación para sectores específicos como el trabajo doméstico, artistas, deportistas y periodistas, en este último caso regulando el pago de las largas jornadas de trabajo que tienen la mayoría de los comunicadores.

Uno de los sectores más desprotegidos en materia laboral –el de los repartidores– tendría, de aprobarse la reforma, un escenario totalmente distinto al de la explotación sin límites que hoy padecen sin ningún tipo de seguridad social. Así, unos 120 mil repartidores que atienden a más de 2 millones de usuarios, compradores de unos 75 mil comercios, quedarían con cobertura en salud y pensiones.

Al responder a analistas económicos y dirigentes de la industria y el comercio, la ministra Ramírez aseguró esta mañana que ni uno de los 92 artículos del proyecto va en contravía de la jurisprudencia, la Constitución Nacional o las normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, los empresarios agrupados en la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) insisiten en que la reforma multiplicará la informalidad laboral, pues muy pocos dueños de pequeños o medianos negocios podrán contratar trabajadores con las nuevas modalidades. Bruce Mac Master, quien la semana pasada lamentó que el presidente Petro no asistiera a la asamblea anual de la ANDI, aseguró que los industriales pidieron un espacio para discutir un nuevo proyecto, pero esto no sucedió.

El jefe de Estado también canceló el pasado martes un anunciado encuentro con el llamado Consejo Gremial Nacional, que agrupa a toda la patronal, en medio de un clima cada vez más tenso entre el gobierno y las élites económicas del país, decididas a impedir que el paquete de reformas del Ejecutivo (laboral, pensional y salud) logre aprobarse en el Congreso.

Precisamente allá apuntó el vocero del Consejo Gremial, Germán Arce, al reunirse con el presidente del Senado, Iván Name, en cuyas manos está en buena medida el éxito o fracaso del trámite legislativo de las iniciativas gubernamentales. El comportamiento de las bancadas en el Parlamento es impredecible, así que nadie canta victoria.

Sin ahorrar un tono melodramático a sus palabras, los empresarios han vendido en el Congreso y ante la opinión pública, la idea de que si se aprueba la reforma laboral de Petro, para 2030 se habrán perdido 700 mil empleos.

Momento para recordar, opinan analistas locales, las palabras del mandatario progresista al cumplir un año de gobierno el pasado 7 de agosto, cuando refirió que la aprobación de las reformas en el Congreso no lo obsesiona: No iremos ni un metro más allá de donde el pueblo quiera. Tampoco iremos un metro menos de donde el pueblo quiera. Llegaremos hasta donde las decisiones populares quieran.