Guatemala. Las autoridades de Guatemala reforzaron ayer la seguridad del próximo presidente, Bernardo Arévalo, quien debe asumir la presidencia el próximo 14 de enero, en medio de versiones sobre supuestos complots para asesinarlo, reportados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en momentos que cientos de personas protestaron para exigir la renuncia de la fiscal general, María Consuelo Porras, quien mantiene acciones legales contra el Movimiento Semilla.

Arévalo ganó la presidencia el domingo pasado en unos comicios con la promesa de una lucha frontal contra la corrupción, y tras sortear una serie de acciones de la fiscalía para sacarlo de la carrera.

El refuerzo fue anunciado luego de que la CIDH, con sede en Washington, exigió antier a Guatemala que adopte las medidas necesarias para proteger a Arévalo y a la futura vicepresidenta, Karin Herrera, por amenazas y la existencia de dos planes para atentar en contra de ellos, uno nombrado plan Colosio, en referencia a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial asesinado en 1994 en México.

El gobierno declaró en un comunicado que los supuestos planes para atentar contra la vida (de ambos) fueron alertados el 20 de agosto (...), lo que permitió de forma inmediata realizar las coordinaciones necesarias con la Dirección General de la PNC (Policía Nacional Civil) a efecto de brindar mayores medidas de seguridad.

La Fiscalía General indicó que obtuvo una alerta e información relacionada a estructuras criminales de pandillas que podría poner en riesgo la vida de Arévalo, por lo que coordinó con la policía las medidas necesarias.

Según la nota del Ejecutivo, funcionarios hablaron por teléfono con Arévalo y Herrera para fortalecer los dispositivos de seguridad con los que ya cuentan e incrementar el número de elementos de vigilancia conforme a las necesidades que sean detectadas y de acuerdo con las recomendaciones de la CIDH.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, está preocupado por los intentos de socavar los resultados de las elecciones presidenciales, indicó Florencia Soto Niño, la vocera de ese organismo multilateral. En tanto, la fiscal general, María Consuelo Porras, presentó un recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que las medidas cautelares a favor de Arévalo se extiendan también a su persona, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y a la fiscal Cinthia Monterroso.

Porras argumenta que la petición responde a las numerosas amenazas y llamamientos de manifestaciones en las redes sociales, por lo que ha pedido que se haga cumplir el régimen jurídico.

Cientos de personas protestaron ayer para exigir la renuncia de Porras y Curruchiche, quienes mantiene acciones legales contra el Movimiento Semilla, de Arévalo, al cual buscan suspender.

El poder está en el pueblo dice la Constitución ¡Renuncien!, declaró desde un altavoz la ex diputada Sandra Morán al exigir la dimisión de los funcionarios judiciales, incluidos por Estados Unidos en un listado de personajes corruptos en Centroamérica.

El triunfo del sociólogo y diputado socialdemócrata, que pone fin a 12 años de gobiernos de derecha, ha generado malestar en sectores poderosos públicos y privados acusados de corrupción. Arévalo obtuvo 58 por ciento de los votos en el balotaje frente a Sandra Torres (37 por ciento).

La fuerza política de Torres, Partido Unidad Nacional de la Esperanza, presentó una denuncia de fraude electoral contra el sistema de conteo de votos, informó Carlos López, abogado de la organización política, sin mencionar si aportó pruebas.

La denuncia es de fraude electoral al procesar los datos, declaró López a periodistas al salir de presentar la acusación en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.