El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó el viernes y ayer otra visita de supervisión a las obras del Tren Maya en Quintana Roo acompañado por la gobernadora Mara Lezama, que confirmó la inversión de 250 millones de pesos en coordinación con el gobierno federal para la construcción del Parque Quintana Roo, que incluye instalaciones para la nueva Expofer Chetumal.

Llevamos dos días supervisando la construcción del Tren Maya. Hoy salimos de Chetumal, tuvimos reuniones en Tulum, Cancún y concluimos en Mérida. Este tramo de 700 kilómetros será eléctrico y de doble vía, dijo el mandatario anoche en redes sociales.

López Obrador arribó el viernes a la capital del estado y ayer inició su gira de trabajo, que incluyó supervisión de los tramos del Tren Maya que corresponden a Quintana Roo: 5, 6 y 7, así como el aeropuerto internacional de Tulum y el Parque Nacional del Jaguar, indicó la gobernadora Lezama en su cuenta de Twitter.

“Agradecemos profundamente la visita de nuestro presidente @lopezobrador_, a quien presentamos los avances en el salvamento arqueológico que llevamos a cabo en el frente 1, tramo 7 del @TrenMayaMX, mismo que nos asignó. Revisamos avances en el aeropuerto de Tulum, el Parque del Jaguar, que es la segunda reserva más grande del estado y muchas buenas noticias que pronto compartiremos”, añadió la gobernadora.

Critican el proyecto por su visión economicista

El Tren Maya es una iniciativa que se ha impuesto de manera vertical por el gobierno en las comunidades por donde pasará la línea férrea, y que ya está generando graves afectaciones socioambientales, por lo que expertos, pobladores y activistas exigieron a las autoridades que dicho proyecto sea suspendido y se le realice una auditoría independiente.

En una sesión del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, los participantes concluyeron lo anterior y advirtieron que los daños presentes y futuros del tren están relacionados directamente con los efectos negativos de la industria del turismo masivo.

Durante el foro, realizado ayer en Valladolid, Yucatán, la antropóloga Giovanna Gasparello –quien ha estudiado el tema desde 2019– señaló que aunque el Tren Maya consiste básicamente en una línea férrea de mil 554 kilometros que pasa por 42 municipios de cinco estados del sureste, es más que un megaproyecto de infraestructura de transporte.

Aseguró que uno de los principales riesgos de la obra son los llamados polos de desarrollo, que son núcleos urbanos cercanos a alguna de las 19 estaciones del tren, en los cuales se pretende agrupar a la población que hoy vive dispersa en pequeñas comunidades, para que trabaje en los servicios que requerirá el proyecto.

Se trata de una profunda descalificación de los modos de vida de los pueblos indígenas. Enfrentamos una visión economicista que destaca las bellezas naturales y la cultura de los pueblos como activos para vender en el mercado. Por medio de las obras de infraestructura hay una fragmentación de estos territorios para integrarlos a la economía capitalista, de la cual estaban relativamente marginados, denunció.

Por su parte, Alexis Joi Ju, habitante de una comunidad maya de Quintana Roo, alertó que la construcción de una subestación eléctrica que abastecería de energía al tramo 6 del tren ya generó la tala de al menos 10 hectáreas de selva, lo cual no sólo afecta brechas comunales usadas por los pobladores, sino también el ecosistema de diversas especies animales y vegetales.

En su veredicto, los participantes alertaron que la realización del Tren Maya abre la puerta no sólo al ecocidio, sino también al etnocidio, pues hay suficiente documentación que confirma la violación de todas las herramientas de protección social y ambiental.

Llamaron a suspender el megaproyecto, practicarle una auditoría independiente y reparar los daños ya causados por su trazo.