Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó ayer que la Alianza del Pacífico (AP) esté sujeta a intereses ideológicos, ante la negativa de México de entregarle la presidencia pro tempore del mecanismo de cooperación económica.

La Alianza del Pacífico es un proceso de integración, no un mecanismo sujeto a objetivos o intereses ideológicos o políticos coyunturales, señaló Boluarte en conferencia tras reunirse con los integrantes del consejo empresarial del bloque.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se negó a entregarle a Perú la presidencia pro tempore del grupo, que ambas naciones comparten con Chile y Colombia, por oponerse al gobierno de Boluarte y calificarlo de espurio.

Con los mismos principios fundacionales y con las obligaciones contenidas en el acuerdo de la Alianza del Pacífico, el traspaso de la presidencia del mecanismo a Perú debe producirse en el más breve plazo, enfatizó Boluarte. Perú debería detentar la dirigencia de la Alianza del Pacifico durante 2023.

En tanto, el Congreso peruano rechazó una propuesta para interpelar al primer ministro, Alberto Otárola, investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de colusión agravada en la contratación dentro del gobierno de la ex cuñada del ministro de Trabajo, Alfonso Adrianzén.

La moción, propuesta por el partido Juntos por el Perú, obtuvo 31 apoyos, a nueve de los necesarios para sentar al primer ministro frente al pleno de la Cámara. El objetivo era preguntar sobre la contratación de Carola Rodríguez como asesora en el Ministerio de Trabajo, informó el diario peruano La República.

Otárola defiende que no tiene nada que ver en esa contratación y asegura que hace varios años que no tiene contacto alguno con Rodríguez, a la que califica de profesional destacada.

Por su parte, Adriánzen afirma que este proceso ya fue explicado y que no recibió indicación alguna para contratarla.

En ese contexto, el Poder Judicial de Perú amplió el jueves de 18 a 36 meses la prisión preventiva del ex presidente de Perú, Pedro Castillo, acusado de liderar una organización criminal, informaron ayer autoridades judiciales.

El juez Juan Carlos Checkley también dictó prisión preventiva contra el ex ministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, que se encuentra prófugo de la justicia desde el año pasado, por lo que pidió su captura. Asimismo, el magistrado pidió la comparecencia Geiner Alvarado, ex titular de Vivienda, así como un pago de 35 mil soles peruanos (8 mil 700 euros).