El campo de Jalisco y sus pobladores a la deriva: política y gestión pública estatal entre clientelas y simulaciones

Manuel Antonio Espinosa Sánchez

Desde el inicio de la gestión del gobierno estatal actual, fue clara y abierta la crítica y descalificación al gobierno precedente. Las nuevas autoridades señalaban que, ante el deterioro y la ineficacia en la conducción de la política y gestión pública, se requería una refundación y consecuente renovación radical del gobierno del estado. Los grandilocuentes enunciados y la retórica, muy pronto revelaron ser solamente eso, y ello, fue particularmente patente respecto a las opciones adoptadas por el gobierno respecto a su intervención en el campo jalisciense y la atención a sus obligaciones institucionales con su población. La definición de orientaciones de la nueva gestión respecto al desarrollo rural transitó por la simulación de consulta ciudadana y ejercicio de planeación que resultó en un Plan Estatal de Desarrollo, como suelen hacerlo la mayoría de gobiernos de entidades federativas, que sirve solamente para encubrir la gestión arbitraria y desarticulada de la administración gubernamental. Las pretensiones expresas de cambio e innovación emitidas por las autoridades electas quedaron en propaganda electorera, su gestión y diseño de programas no se alejó de las prácticas políticas que responden a clientelas en vez de atender problemas de la sociedad rural con el concurso de los actores sociales que los enfrentan. Se continuó con el ejercicio del poder público y sus recursos conforme a los designios definidos por la burocracia y sus interlocutores privilegiados.

Gobiernos van y vienen, pareciera que no hay otra manera de ser gobierno para la población del campo, y menos a escala municipal y estatal, que atender clientelas y simular cumplir obligaciones. Se ha convertido en indiscutible conducir los recursos presupuestales disponibles hacia la promoción de la “competitividad” del sector. Los gobiernos federales del siglo XXI se encargaron de establecer y garantizar que así se hiciera con el diseño y ejecución de los recursos de Alianza para el Campo y sus denominaciones sucesivas. Los gobiernos estatales sumaron sus recursos limitados a esos lineamientos, y así, “desarrollar” al campo se consolidó en programas de apoyo, siempre para las mismas clientelas, y en desprecio de las obligaciones respecto a los derechos de la mayoría de los pobladores rurales.

La política de desarrollo de la competitividad en el sector rural se consolidó como la forma de ser gobierno para el campo. El supuesto de que el crecimiento de la producción en el marco de las reglas del mercado vendría consecuentemente a incorporar al bienestar a la población rural, alcanzó el nivel de catecismo político para el Estado Mexicano, asegurando la adhesión de las autoridades de las entidades federativas culpablemente huérfanas de ideas y recursos propios. Por supuesto, consecuentemente, la medición del “éxito” de la política hacia el sector rural se reduce al crecimiento de la producción, que conforme al catecismo es igual a bienestar social.

Si bien el Gobierno Federal desde el 2019 desmanteló la política y la estructura de gestión centrada en la “promoción de la competitividad” del campo, cancelando los programas federalizados ejecutados estatalmente; los gobiernos de las entidades federativas han seguido entendiendo su relación con el campo conforme a la inercia establecida. El gobierno de Jalisco continuó con recursos estatales, aproximadamente el 30% de los montos de los programas federalizados, según se había acostumbrado en las administraciones anteriores, haciendo lo mismo, “programas” de fomento, con reglas de operación siempre a modo para asignar los recursos a los interlocutores privilegiados y las clientelas más rentables políticamente. En esto quedó la refundación.

El gobierno muestra satisfecho los éxitos del sector rural jalisciense. El estado es el mayor aportante de valor de producción pecuaria del país; las ramas porcícola y avícola altamente concentradas, con unidades productivas de gran escala, articuladas eficientemente como unidades empresariales a sus cadenas de valor; la producción de bovinos, fundamentada en los criadores de escala familiar, dispersos, con limitadas opciones de desarrollo, presas fáciles de las empresas comercializadoras y engordadores especializados; la rama lechera cada vez más polarizada, gradualmente extinguiendo a los productores de escala familiar, con el agravante reciente de una política de compra de LICONSA que ha desmantelado la organización cooperativa que hacía viables a algunos de estos productores. En la producción agrícola, Jalisco se mantiene entre los tres primeros lugares en valor y volumen de la producción, con crecimiento sostenido, ya no en los productos tradicionales, sino en agave, berries y, recientemente, aguacate. El agave, toma superficies de productores que han perdido viabilidad, y los otros cultivos, intensivos en uso de capital, concentrados territorialmente, generan economías de enclave. Así, la mayor parte del territorio rural y sus pobladores siguen excluidos del éxito agroempresarial.

A pesar de semejante condición en el valor generado y de las favorables condiciones para que prosiga su crecimiento sostenido, los pobladores del campo de Jalisco siguen siendo pobres, muy pobres. En el 95% de los municipios rurales (con poblaciones menores de 50,000 habitantes), la población con ingresos menores a la línea de bienestar mínimo (CONEVAL 2015) es mayor a la media estatal (10.7%); en el 79% de los municipios rurales de Jalisco, más del 10% de su población se encuentra en pobreza extrema; entre ellos, en 7 municipios una de cada 5 personas son pobres extremos. Esto seguirá así mientras no se reconozca e institucionalice el foco central que es la calidad y eficacia de la política y gestión pública para alcanzar la vigencia efectiva de los derechos humanos señalados en la Constitución del país y del estado, así como un creciente y sostenible bienestar para la población.

Es mucho lo que un gobierno estatal puede hacer en poco tiempo, centrado en su mandato fundamental en torno a los derechos humanos de la población rural. Rigor en diagnósticos y planeación, junto con y centrados en las personas, fortalecimiento de la gestión local y regional, inversiones focalizadas, y eliminación de los incentivos a clientelas. Por supuesto, ampliar y movilizar los recursos propios del estado, asumir la responsabilidad y promover respuestas ciudadanas solidarias. Jalisco, por ejemplo, solamente recauda, en términos per cápita, la tercera parte de lo que logra la Ciudad de México y la mitad de lo que recauda Nuevo León https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Recaudacion_Local. Sin duda, Jalisco puede lograr avances sustanciales en el desarrollo de los derechos de los pobladores del campo, movilizando los recursos locales y articulando estrategias territoriales y sectoriales con el enfoque de derechos. Los estados deben asumir esta responsabilidad y así exigir, negociar y contribuir con la Federación en el desarrollo rural nacional. •