El proyecto de dictamen para reducir y prohibir de manera gradual el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, que se discute en el Senado, debió enfrentar dos posturas encontradas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Una, la del titular de la dependencia, Víctor Manuel Villalobos, quien se manifestó en contra y advirtió que las alternativas al glifosato son muy limitadas, menos eficientes y más costosas y su prohibición inmediata pondría en riesgo la producción de básicos, frente a la posición a favor de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, que encabeza Víctor Suárez Carrera, la que, con cifras, echó abajo esos argumentos y denunció las presiones de las trasnacionales para frenar esa reforma.

En el caso de México, los opositores a la reforma a la Ley de Salud son las grandes empresas globales de plaguicidas, como Syngenta, Bayer Monsanto, BASF y Corteva. Estas cuatro compañías concentran 62 por ciento del mercado mundial de plaguicidas y tienen ventas anuales por alrededor de 800 mil millones de pesos. Tienen poder económico y de cabildeo, y sus intereses están representados sólo por los grandes productores, se advierte en el oficio firmado por el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Sader, que hizo llegar a los presidentes de las comisiones dictaminadoras, Margarita Valdez y Rafael Espino de la Peña, el 10 de octubre.

Bioinsumos, menos eficaces

Los legisladores recibieron días después, el 21 de octubre, otro oficio, del titular de la Sader, a través de la abogada general de la dependencia, Rosa Chávez Aguilar, en el que se manifiesta en contra de restringir el uso del glifosato, por su impacto social y económico, ya que afectaría principalmente los costos de producción de cultivos básicos como maíz y frijol, lo que podría poner en riesgo la seguridad alimentaria.

Se sostiene, asimismo, que se requieren opciones viables y rentables, ya que los bioinsumos son menos eficientes en rendimientos y más costosos, lo cual repercutirá en los precios de los productos. Villalobos pide que antes de cancelar el uso del glifosato se presente un estudio que sustente técnica y científicamente que afecta la salud y el medio ambiente.

En el oficio del subsecretario Suárez Carrera se destaca que la aprobación de la iniciativa no compromete la producción de alimentos. Se precisa que partir del decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 31 de diciembre de 2020, las importaciones de glifosato bajaron de más de 7 mil 998 toneladas en 2021 a cero en 2022 y la producción agrícola se incrementó.

La producción de maíz y cítricos, que son los cultivos con mayor uso de glifosato, se elevó en el periodo 2020-2021 y la balanza comercial agropecuaria refleja un saldo positivo de 5 mil 141 millones de dólares de enero a julio de 2022.

Aunado a ello, resalta la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, se trabaja en alternativas para la producción de alimentos sin el uso de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) a través de la agricultura orgánica y la producción en transición agroecológica. Hay ya 600 mil productores que optaron por prácticas sustentables.

El proyecto de dictamen de la iniciativa de la senadora Ana Lilia Rivera contribuye a fortalecer el marco jurídico que tutela los derechos humanos y las garantías individuales previstas en la Constitución e inherentes a un medio sano y una alimentación adecuada frente a los riesgos contaminantes orgánicos persistentes.

Pero no sólo eso, sino que constituye una gran oportunidad que tienen los legisladores federales para separar la política pública de los intereses económicos en beneficio del interés superior de la población, concluye el oficio del subsecretario Suárez Carrera.

Al respecto, la senadora Margarita Valdez precisó que con quien mantienen diálogo permanente es con esa subsecretaría, que es la instancia encargada de la ejecución del decreto, pero incorporaron al dictamen la petición del secretario Villalobos de no cerrar por completo el plazo de prohibición del glifosato en enero de 2024.