n lo que va del sexenio en curso, los jefes operativos de las fuerzas armadas de México no han acompañado a fondo y en lo sustancial los esfuerzos en pos de justicia y verdad respecto a actos represivos.

Los discursos e instrucciones precisas del Presidente de la República en temas como el de los 43 estudiantes desaparecidos, así como los empeños del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, se han topado con una reticencia castrense que ha suministrado ciertos datos y evidencias, pero sigue resguardando la verdadera verdad histórica. Los familiares de los desaparecidos, y sus acompañantes cívicos y legales, han insistido en señalar el muro verde olivo (aunque también marino) que impide ir más allá de lo que le conviene mostrar a ese poder.

La instalación de una promisoria comisión de la verdad mostró ayer justamente la distancia de posiciones y perspectivas entre civiles y militares en cuanto a los actos represivos cometidos por el Estado mexicano, sobre todo la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo titular actual, Luis Cresencio Sandoval, hubo de escuchar, mientras pronunciaba un discutible discurso de ensalzamiento y victimización de sus tropas, coros ya clásicos de los luchadores sociales en pos de esa verdad y esa justicia: ¡Fue el Ejército! ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Denominada oficialmente Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, tal entidad fue instalada formalmente ayer, en un acto con predominio de uniformes castrenses, con la muy indicativa anotación en los rótulos del acto de que se realizaba con la Secretaría de la Defensa Nacional, y en una porción de la entrada al Campo Militar número uno (la periodista independiente Paula Mónaco Felipe describió la precariedad de ese asomo civil, una probadita, al temible campo de violaciones militares a los derechos humanos en el pasado, https://bit.ly/3QJewus).

El punto de quiebre más significativo se produjo cuando el general Sandoval anunció que “por instrucciones del Presidente de la República (...) se analizará su inclusión (de militares y familiares de éstos, afectados en las faenas de la guerra sucia) en las gestiones para el mecanismo integral de reconciliación social del Estado mexicano, como parte del patrimonio colectivo del pueblo de México. De igual manera, con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas, que se ubica en la Plaza del Servicio a la Patria, como tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aun a costa de su vida” (https://bit.ly/3tUkIGa).

En esa pretensión de simetría está uno de los riesgos de este proceso. En derecho no se puede tratar igual a los desiguales. Esa comisión fue creada para indagar e intentar justicia en casos de la llamada guerra sucia; es decir, del uso criminal de las instituciones del Estado mexicano para aplastar colectiva e individualmente a quienes buscaban cambiar el país incluso mediante el uso de las armas, lo cual, en todo caso, debió haber sido procesado judicialmente por tal Estado, no mediante el secuestro, la tortura, el asesinato y la desaparición.

Colocar en el mismo nivel a las víctimas de esa guerra sucia y a los participantes institucionales, soldados, marinos o policías, es un despropósito que ilustra un objetivo (dominante) de escabullir responsabilidades. Ya se verá si este esfuerzo resulta pleno y positivo, o un ejercicio más de simulación con avances aceptables (la apertura de archivos militares, la relativa disposición a cierta transparencia de los mandos castrenses), pero sin ir a fondo, incluso buscando equilibrios y repartición de culpas para no molestar en lo trascendente a las cada vez más poderosas y condicionantes fuerzas armadas del país. ¡Hasta mañana!

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