La 4T debe ser agrarista o no será

A 30 años de la reforma neoliberal realizada al artículo 27 Constitucional y a la mitad del Gobierno de la República encabezado por Andrés Manuel López Obrador manifestamos y sostenemos que la Cuarta Transformación de la vida pública del país tiene que ser agrarista o no será.

El eje rector de esta afirmación, será restituir el derecho humano a millones de mexicanos para acceder a la tierra, como su derecho al trabajo y al desarrollo, a ser campesinos, reconociendo y garantizando al mismo tiempo, los derechos de la Madre Tierra.

Las reformas neoliberales cancelaron el reparto agrario, abrieron el mercado de tierras ejidales y comunales, y crearon una nueva institucionalidad agraria que, contario a su mandato constitucional, se ocuparon más de garantizar jurídicamente los intereses del capital, que de los y las campesinas que custodian la propiedad social y sus recursos.

La superficie total del país es de 196’437,500 hectáreas, de las cuales 99´639,809 es de propiedad social. En nuestro país hay 32,211 núcleos agrarios, de los cuales 29,800 son ejidos y 2,411 son comunidades.

Al año 2016 se había adoptado el dominio pleno en una superficie de 3’516,625 hectáreas destinadas en muchos de los casos al desarrollo turístico, industrial y urbano, minero y forestal, en perjuicio y devastación de la naturaleza.

En nuestro país habitamos aproximadamente 129 millones de mexicanos, de los cuales 27 millones lo hacemos en el medio rural, y de ellos 5, 032,843 millones tienen una calidad agraria reconocida, es decir 3´295,992 son ejidatarios; 884,929 son comuneros; 681,634 son posesionarios y 170,288 son avecindados; sin contar la superficie que tienen en posesión colonos y nacionaleros.

Por lo tanto en la propiedad social hay aproximadamente 22 millones de mexicanos sin acceso a la titularidad de bienes ejidales y comunales salvo por herencia, pero que en todos los casos viven en condiciones de pobreza extrema en todas sus vertientes.

Durante el periodo neoliberal se destinaron millonarias inversiones para la regularización y certificación de la propiedad ejidal y comunal, quedando identificada en un 98% y descuidándose la regularización de terrenos nacionales y las excedencias de la pequeña propiedad por lo que afirmamos que ésta es la más irregular registrada y materialmente hablando.

En la etapa del reparto agrario, la propiedad privada utilizó mecanismos de simulación para acreditar que no se excedían los límites de la pequeña propiedad y, en muchos de los casos, las autoridades agrarias otorgaron concesiones ganaderas a privados para ocultar acaparamientos de tierras que hoy están vencidas y deben ser restituidas a la nación para satisfacer necesidades agrarias.

Por estas razones decimos que todos los involucrados e interesados en la transformación del país debemos hacer aportaciones para hacer justicia a campesinos e indígenas, haciéndolos mexicanos plenos, restituyendo sus derechos; por lo que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), tiene que implementar lo siguiente de forma urgente:

• El Programa de excedencias de tierras, concesiones ganaderas vencidas y Ejecución de Resoluciones Presidenciales.
• El Programa de Promoción de indemnizaciones a ejidos y comunidades afectadas por expropiaciones por causas de utilidad pública (presas, carreteras, autopistas, aeropuertos, ductos de gas, electricidad y otros).
• Un Programa para la modernización de los sistemas de control de colonias agrícolas, ganaderas y terrenos nacionales, a efecto de que los poseedores de estas tierras obtengan la propiedad y certeza jurídica sobre estas tierras.
• Un Programa para destinar las tierras confiscadas a la delincuencia organizada o las recuperadas a todo tipo de servidores públicos que las hayan adquirido con recursos de procedencia ilícita para resolver la problemática social agraria del país.
• Un Programa de construcción, remodelación y dignificación de las casi 32 mil casas ejidales y comunales con conectividad a internet.
• Un Programa para la construcción de los archivos históricos de los ejidos y comunidades (entrega digital) y la actualización de los padrones de estos núcleos agrarios.
• Un programa de financiamiento y comercialización de productos agrícolas a fin de evitar el rentismo de tierras.
• En el ámbito institucional, la fusión y modernización de las instituciones del sector agrario (SEDATU, Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional) para que a través de sus reglamentos se les otorguen facultades y atribuciones para que cumplan con la nueva visión del sector.
• En materia legislativa, promover la discusión, análisis y en su caso la aprobación de las iniciativas de reforma a los artículos 1 ,4 y 27 constitucionales, presentada por el diputado Max A. Correa Hernández en el Congreso del Estado de México y que actualmente se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Federal; así como las iniciativas de reforma a la Ley Agraria presentadas por los senadores Ricardo Monreal Ávila y José Narro Céspedes.
• Promover en la sociedad rural, su compromiso a seguir cuidando y conservando los recursos naturales;
• Un programa para garantizar la producción de alimentos sanos para la población en general, a fin de garantizar la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación, con agroecología y agricultura campesina y familiar minifundista.

En la Cuarta Transformación Agrarista, ¡otro campo es posible!, por un Estado de Bienestar. •