Democratizar al ejido: una promesa pendiente para el mundo rural mexicano del siglo XXI

Si tuviésemos que identificar en una sola frase el principal problema que experimentan la mayoría de los ejidos del país, en mi opinión, este sería la inoperancia de la asamblea general de ejidatarios como órgano de gobierno democrático y deliberativo. Este “problema” visto desde un enfoque que prioriza los derechos colectivos ha sido una ganancia para especuladores de tierra y sujetos agrarios, esto es ejidatarios, posesionarios y avecindados, que se han beneficiado, parcialmente, de las enajenaciones de derechos agrarios (ventas de tierras) en detrimento del bien colectivo.

La democratización de los ejidos fue una de las principales apuestas de las organizaciones campesinas que participaron en la definición de la Ley Agraria en 1992, pero es también una de las aspiraciones más frustradas; esto en contraste al rotundo éxito que ha tenido la individualización de los derechos agrarios y la activación de un mercado legal de parcelas ejidales, o en otras palabras, la conversión de la tierra ejidal en bien inmobiliario.

Para comprender en profundidad el “problema” de la gobernanza de los ejidos, es instructivo aproximarse desde el enfoque de las mujeres campesinas y los jóvenes rurales.

En la actualidad, únicamente el 25% de los ejidatarios son mujeres. La cifra no es mucho mejor para los posesionarios y avecindados (29% y 31% respectivamente) PA, 2020. 1er Informe de Labores, 2018-2019. México. Procuraduría Agraria. Sabemos, además, que la mayor parte de los ejidatarios son adultos mayores, si consideramos que en 2007 el 52% de los ejidatarios de los núcleos agrarios tenían más de 50 años (INEGI, 2007).

¿Porque es tan importante considerar la perspectiva de las mujeres y los jóvenes cuando hablamos de democratización del ejido? En primer lugar, porque el mundo rural mexicano es demográficamente joven y se feminiza en el plano económico y laboral, en particular en el ámbito agropecuario. En regiones con una alta tasa de migración, son las esposas y las hijas de los ejidatarios y comuneros quienes se encargan, hoy en día, de la producción agrícola en las tierras bajo “propiedad social”.

Otra constatación estadística refiere a la urbanización y desagrarización del mundo rural mexicano, lo que implica nuevas valoraciones en torno a las tierras ejidales. Destacan, en particular, los nuevos valores y usos de dichas tierras destinadas ahora a proyectos extractivos de diferente índole (minera, agroindustrial, energético). La mayoría de los megaproyectos en México se desarrollan en tierras ejidales o comunales, de ahí que empresarios y/o gobiernos que los promueven deben pasar por las asambleas agrarias para obtener su aprobación. Estos proyectos afectan la vida de todas las personas que viven en los núcleos agrarios, sin embargo, solo algunas, los ejidatarios y comuneros, tienen derecho a participar en las asambleas agrarias respecto a los riesgos, ventajas y posibles beneficios.

Aunque la Ley Agraria prevé el acceso a la tierra para mujeres y jóvenes por medio de tres figuras: la parcela escolar, la parcela de la juventud, y la parcela de la mujer, su conformación es prácticamente nula: en 2021 solo existían 1050 parcelas de la mujer (UAIM) constituidas a nivel nacional; 6 parcelas de la juventud y 44 parcelas escolares (RAN, Infomex solicitud 1511100021921). Por otro lado, en 2021 solo en 4 ejidos del país existía una junta de pobladores, un espacio de participación prevista en la Ley Agraria para la población sin derechos agrarios (RAN, Infomex solicitud 1511100021921).

Todas estas evidencias, dan cuenta de la persistente y sistemática exclusión que sufren mujeres y jóvenes en los núcleos agrarios. Es común que las mujeres campesinas estén a cargo de las parcelas ejidales, pero carezcan de derechos formales sobre estas. Más grave aún, se continúa excluyendo a las mujeres como titulares de los solares urbanos regularizados, lo cual supone una grave desprotección en términos del derecho a la vivienda. Finalmente, aunque la Ley Agraria establece la paridad de género en los órganos de representación ejidal o comunal, esta obligación, raramente se cumple.

La inoperancia de las asambleas ejidales como espacios de deliberación democrática se explica además, si consideramos la dramática desactualización de los padrones de ejidatarios, lo que supone una dificultad para alcanzar el quorum legal requerido para la toma de decisiones colectiva que afectan la vida comunitaria del ejido. Relacionado a este problema constatamos la desactualización en los órganos de representación (comisariados ejidales) de los núcleos agrarios. En 2020 solo el 42% de estos órganos se encontraban vigentes, siendo este porcentaje mucho menor en algunos estados de la república.

Queda claro que sin la participación de mujeres y jóvenes en la toma de decisiones sobre tierras, que también son territorios rurales, sin padrones y órganos de representación incluyentes y actualizados, y sin la constitución de parcelas colectivas que dinamicen el sentido de lo común en ejidos y comunidades, la gobernanza democrática seguirá siendo una promesa incumplida. •