I
“El ejido y la comunidad son nuestros”: tal es una enunciación que ha venido permeando como una consigna en algunos ámbitos ejidales y comunales del país. Defiende esa línea, por ejemplo, la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero, organismo que recientemente realizó su 2º Congreso Estatal en la ciudad de Zumpango, y que muestra una fortaleza organizativa sobre el terreno que hacía tiempo no veíamos en el ámbito rural.
La define y defiende, a la vez, un importante núcleo de autoridades agrarias del estado de Puebla, mismo que ya ha lanzado la iniciativa de realizar, el próximo 9 de abril, la Primera Convención Estatal de Autoridades Ejidales y Comunales de la entidad.
Importa destacar cómo es que la emergencia de este nuevo nivel organizativo en campos ejidales y comunales del Centro y Sur del país puede ser una fuerza propulsora de primer nivel de algunas de las perspectivas de transformación que se viven en nuestros tiempos. Basta para ello mencionar que, en el encuentro de Zumpango –al que asistieron alrededor de 700 autoridades ejidales y comunales del estado de Guerrero–, teniendo como un eje rector de los debates la idea de construir un “nuevo agrarismo”, se agregaron, entre otros, temas relativos a:
- La revisión de las perspectivas del tipo de desarrollo que es necesario adoptar o convenir, con alternativas productivas frente a los modelos impuestos por el “gran capital”;
- Desarrollar, desde esa lógica, procesos de “cooperativización” del sector social de la economía, bajo el concepto de la economía social y solidaria;
- Fortalecimiento estructural del sistema ejidal-comunitario del estado de Guerrero, en sus bases jurídicas y “de función”;
- Derivado de lo anterior, desarrollo de un programa general de regularización de la propiedad social en el estado, para dar certeza jurídica a la acción y a la función del sistema ejidal-comunitario, tanto como para engrasar y hacer funcionar de la mejor manera los engranajes que tienen o pueden tener los ejidos y las comunidades con las acciones públicas dirigidas a fortalecer la producción campesina (v. gr., los que se desarrollan desde los programas “Producción para el bienestar”, “Sembrando vida” o el de “Jóvenes construyendo el futuro”);
- Desarrollo de programas de producción agroecológica, para abrir la ruta franca a una producción orgánica libre de transgénicos;
- Rescate de los conocimientos y prácticas probadas durante siglos por los propios núcleos campesinos, abriendo opciones de vinculación más estrechas y de nuevas formas de diálogo de saberes con instituciones académicas que se sumen al esfuerzo referido;
- Revaloración y puesta en marcha de acciones locales y de políticas públicas que atiendan la problemática del relevo generacional, así como la que remite a la –cada vez más importante– presencia de las mujeres en los procesos reproductivos ejidal-comunitarios en particular, o del campo en general.
II
Lo interesante del asunto es que el “nuestros” de la consigna “El ejido y la comunidad son nuestros” no se restringe a definir un sentido de dicha propiedad [social], sino que extiende sus significados a ideas como las de “apropiación, gestión, cuidado y gobernanza” de nivel cooperativo o asociativo con base democrática (tal y como se deriva del artículo 27 constitucional). Lo que permitiría, si se sostiene el impulso, ofrecer inusitadas oportunidades al “capital social asociativo” para que pueda operar como una fuerza productiva superior a la que ofrece el gran capital privado para el cumplimiento de determinados objetivos de desarrollo.
El tema es particularmente complejo pues hoy por hoy los ejidos y las comunidades no son –sé que es verdad de Perogrullo, pero no sobra decirlo– homogéneos, ni estructuras de propiedad social que no estén imbricadas en muchos de los casos con otros niveles de organización, incluyendo en ello, por supuesto, a un importante número de pequeños propietarios privados o a pueblos y comunidades indígenas cuyo estatuto legal se encuentra regido básicamente por el artículo 2º constitucional.
Pero es claro, a la vez, que los ejidos y comunidades desarrollan estrategias “integrales, extremadamente plásticas y diversificadas”, con una “economía plural”, en variantes sistémicas “campesindias” cuya racionalidad no se define por “la obtención de una máxima ganancia” sino por objetivos de bienestar o “buen vivir”.
De tal forma que la propiedad ejidal y comunal constituyen “sistemas complejos” en su “interior”, al tiempo en el que extienden sus lógicas, espacios y condiciones de reproducción a “sistemas mayores” o más amplios de integración o de relación local o regional, cuya unidad estratégica “de manejo” no necesariamente tiene sus fronteras en el espacio propio del denominado “sector social de la economía”, sino en delimitaciones geográficas o ecosistémicas más amplias, con líneas de encadenamientos tróficos, económicos y socioculturales, que se extienden como rizomas en territorios que no son fáciles de ubicar o delimitar.
Más aún, muchos de los “sistemas complejos” de los ejidos y comunidades del país se implican en redes glocales –no “locales”– de articulación, con fuentes de ingreso y vínculos relacionales con los mexicanos que viven en el extranjero (la mayor parte en Estados Unidos), de tal forma que, como decíamos, el tema relativo a su condición de “propietarios sociales” como base para potenciar un nuevo tipo de desarrollo se complejiza, pero en marcos de posibilidades que pueden fortalecer el curso de transformación a fondo del campo mexicano que se busca en el espacio-tiempo de la “4T”.
III
“El ejido y la comunidad son nuestros” remite entonces no sólo a una línea en la que se reivindica el respeto a la propiedad social correspondiente y a sus formas tradicionales de organización, sino al deseo o posicionamiento –proyectado en el encuentro mencionado de Zumpango– de la “revitalización de dichas formas propietarias” para rearmar una parte decisiva del rompecabezas de la economía, de la política y de la cultura nacional.
Busca modificaciones a la Ley Agraria y al artículo 2º constitucional entre otros ordenamientos jurídicos para evitar a toda costa “la privatización del ejido y la comunidad”, pero dirige también una buena parte de sus esfuerzos para que el ejido y la comunidad dejen de ser “los hermanos menores” o discapacitados de los procesos de desarrollo, en el entendido de que, por sus herencias jurídicas, políticas y culturales, son capaces de convertirse más bien en los “hermanos mayores” de los ya mencionados actuales procesos de transformación. •