La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el gobierno federal se apegó a la Constitución y a los tratados internacionales al ordenar, en 2020, entregar parte del agua de la presa La Boquilla a Estados Unidos, en cumplimiento a un acuerdo bilateral, decisión que ocasionó protestas de agricultores de la zona y la intervención de la Guardia Nacional (GN).

Por mayoría de nueve votos, el pleno de ministros señaló que el artículo 27 de la Constitución establece claramente que la gestión de las aguas nacionales, como patrimonio de la nación, corresponde al Poder Ejecutivo Federal.

La SCJN ya resolvió siete de las 18 controversias constitucionales interpuestas por municipios de Chihuahua que impugnaban la entrega de los recursos de la presa La Boquilla a Estados Unidos, con el fin de pagar los adeudos del Tratado sobre Distribución de Aguas Internacionales.

El ministro ponente en este asunto, Javier Laynez Potisek, dijo que, además, al tratarse del cumplimiento de un tratado internacional, quien debe decidir es la federación, pues de no hacerlo podrían generarse sanciones para todo el país.

“La disposición de aguas almacenadas en la presa para dar cumplimento a un tratado internacional representa un acto de dominio sobre aguas nacionales, las órdenes para realizarlo –se insiste– representan una atribución exclusiva del ejecutivo federal, que no requiere autorización u opinión previa de ninguna autoridad estatal o municipal”, señaló.

La SCJN no entró al fondo acerca de la actuación de la GN en este episodio, pues encontró que los municipios quejosos no aportaron elementos para cuestionar la constitucionalidad de sus acciones.

El único tema en que la SCJN dio la razón a los municipios de Chihuahua fue al reconocer que existe una omisión legislativa desde 2012, cuando se ordenó expedir una Ley General de Aguas, por lo que los ministros emplazaron al Congreso de la Unión para que emita esta norma antes de que termine el presente año.