San Salvador., Una corte de Guatemala impuso penas de 30 a 40 años de cárcel a cinco ex miembros de la proscrita Autodefensa Civil (PAC), por violar sistemáticamente a una treintena de mujeres de la etnia indígena achí entre 1980 y 1983.

El tribunal de mayor riesgo A condena con penas de 30 y 40 años de prisión a cinco ex patrulleros de autodefensa civil por delitos de deberes contra la humanidad en contra de mujeres de la comunidad Achí, de Rabinal, durante el conflicto armado interno, reportó la televisora Canal Antigua.

Estos hechos ocurrieron durante la dictadura militar de Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), y las víctimas, que tenían entre 12 y 53 años de edad entonces, vivían en las inmediaciones del destacamento militar de Rabinal, en el departamento de Alta Verapaz.

Casi todas habían perdido a sus esposos, padres, hijos o hermanos en ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas durante la guerra civil que desangró a Guatemala entre 1960 y 1966, y presentaron sus denuncias hace casi una década.

La abogada Lucía Xiloj, una de las defensoras de las mujeres achí, declaró a medios locales que esta sentencia condenatoria reivindica a las víctimas ante la sociedad y ante sus comunidades, y les otorga la justicia que esperan desde hace casi cuatro décadas.

Se establece además la responsabilidad del Estado de Guatemala en la creación de las PAC y en la implementación de la violencia sexual como un arma de guerra, agregó Xiloj.

Las demandantes achí identificaron a los ex patrulleros Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, y Damián, Gabriel y Francisco Cuxum Alvarado, este último extraditado por Estados Unidos en mayo de 2019, tras ser arrestado por ingresar ilegalmente al país.

Este proceso fue interrumpido el 21 de junio de 2019, cuando la jueza Claudette Domínguez dejó en libertad a los sospechosos por supuestos errores en la acusación presentada en 2012.

El Ministerio Público pidió separar del caso a la jueza Domínguez, acusándola de prevaricato y denegación de justicia.

Según la declaración de los peritos, estas agresiones sexuales no fueron un caso aislado durante el conflicto armado, que dejó unos 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos, la gran mayoría indígenas mayas.

En otro asunto, los líderes comunitarios de los municipios de Nahualá y Santa Catarina Iztahuacán, acordaron superar su ancestral conflicto limítrofe, que derivó en una matanza de campesinos a mediados de diciembre pasado.

El presidente Alejandro Giammattei lideró ayer la mesa de diálogo entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, logrando un paso importante entre ambos municipios, que acordaron comenzar los estudios para definir los límites territoriales, reportó la gubernamental Agencia Guatemalteca de Noticias.

En tanto, el gobierno de Guatemala confirmó la contratación de una firma de cabildeo para promocionar sus intereses en Estados Unidos, iniciativa que será financiada con la cooperación de Taiwán.