El 17 de febrero se decidirá la extradición de Gran Bretaña a México de Karime Macías Tubilla, ex esposa de Javier Duarte de Ochoa, a quien se le acusa del delito de fraude cuando estuvo al frente del DIF de Veracruz.

Su abogado, Marco Antonio del Toro Carazo, señaló que siguen tramitando la solicitud de asilo político en vista de que es evidente que el trasfondo que motivó su imputación fue político y muy distante a lo que es y debe ser un estado de derecho.

El abogado de Karime Macías comentó que la Fiscalía de Veracruz llegó al extremo de mentir ante las autoridades inglesas. Apuntó que ella es la única persona imputada de fraude específico con motivo de erogaciones del DIF en 2011 en favor de seis empresas.

De manera absurda no se acusa a ningún miembro de esas seis empresas; tampoco a ningún otro integrante del patronato del organismo ni a funcionario alguno. Sólo a Karime Macías, que no era servidor público ni tenía relación con contratos del DIF.

Recordó que la orden de captura se libró por Alma Aleida Sosa, a quien calificó de la juez predilecta de Yunes, quien dictó órdenes de aprehensión en cuando menos 12 asuntos distintos –entre ellos el de Karime Macías–, con clara connotación política.

Añadió que la orden de aprehensión se basa fundamentalmente en la declaración rendida en su contra por Juan Antonio Nemi Dib, misma que ya se acreditó le fue arrancada con violencia y de la cual ya se retractó. Todo ello, habiendo incluso intervenido la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El señor Nemi incluso declaró en Inglaterra sobre la declaración que le obligaron a firmar en Veracruz.

Del Toro Carazo expresó que en la solicitud de extradición por parte de México, bien claro se asentó que el delito prescribiría en junio de 2020. No obstante, afirmó que ahora se sabe que en 2019 se llevó a cabo una audiencia “privada y secreta a petición de la Fiscalía de Veracruz en la que ilegalmente se interrumpió la prescripción.

Todo para así informarlo a las autoridades inglesas y evitar que se negara por prescripción la solicitud de extradición. Y es que legalmente no se puede interrumpir la prescripción después de que haya transcurrido una tercera parte del plazo de ésta, según los artículos 117 y 118 del Código Penal de Veracruz. En este caso, eso fue el 24 de agosto de 2014 (fecha en que se llegó a esa tercera parte). Poco les importó y en aras de crear un escenario falaz ante las autoridades inglesas, se atrevieron a decretar la interrupción en octubre de 2019.