El Congreso Nacional Indígena dio a conocer que varios pueblos y comunidades originarias que lo integran obtuvieron una suspensión provisional dictada por el juzgado segundo de distrito en materia de amparo civil, administrativa y detrabajo y de juicios de Puebla en contra del acuerdo presidencial que declaró las obras y proyectos del gobiernos federal de interés público y seguridad nacional, pasando por algo los requisitos establecidos en la Constitución y en los convenios internacionales.

El CNI informó que esta resolución provisional se da después de que se promovieron 17 amparos por parte de diversas comunidades de Jalisco, Querétaro, Puebla, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y la Ciudad de México.

Criticaron que a pesar de la profunda aberración jurídica que representa el acuerdo, en la mayoría de estos amparos los jueces se han declarado incompetentes, los han desechado de plano o nos han solicitado diversas aclaraciones que se vuelven interminables; en contraste con esta actitud omisa y cómplice de muchos jueces, el juzgado segundo de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla otorgó la suspensión provisional del acuerdo presidencial, informó la organización.

En consideración del CNI, el acuerdo presidencial violenta los derechos de sus pueblos con la finalidad de posibilitar la imposición de las obras de infraestructura y de los megaproyectos que, como el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el Proyecto Integral Morelos, posibiliten un mayor despojo de nuestros pueblos mediante el reordenamiento de los territorios, fronteras y poblaciones de México y Centroamérica en favor de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de los grandes capitales multinacionales.