l presidente de Argentina, Alberto Fernández, ratificó su rechazo a la pretensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de imponer a la nación austral un programa de choque a cambio de refinanciar los 44 mil millones de dólares de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri.

En marzo pasado, el mandatario ya había calificado de impagables los vencimientos por 19 mil millones de dólares para este año y 20 mil millones para el próximo, y desde entonces se sostienen conversaciones con el fondo para dar con una fórmula que permita liquidar la deuda sin sacrificar el crecimiento y sin olvidar a ese 40 por ciento de la población que está por debajo de la pobreza.

Para la administración peronista el crédito concedido al macrismo resulta incalificable en términos técnicos y respondió al único propósito de sostener a un régimen ultraneoliberal que se encontraba en su último tramo en el poder, y ya se había demostrado tan inepto como destructivo sobre la economía argentina, con depreciación brutal de la moneda, inflación de 56 por ciento, tarifazos en energía eléctrica, gas doméstico y gasolinas; despidos masivos en los sectores público y privado, cierre masivo de empresas de todos los tamaños y, como resultado de todo ello, una precarización de las mayorías de las que el país está lejos de haberse recuperado.

En su propio informe de evaluación del préstamo, el FMI reconoció que el programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas en el país: el tipo de cambio se siguió depreciando, aumentó la inflación y el valor en pesos de la deuda pública, y se debilitaron los ingresos reales, en especial de los pobres. Unos resultados deplorables para el crédito más cuantioso otorgado en la historia del organismo, que presuntamente permitiría restablecer la confianza, reducir la balanza de pagos y los desequilibrios fiscales y reducir la inflación.

Si además se considera que la estrategia implementada por el macrismo por recomendación del FMI fue justamente el ajuste fiscal y monetario, combinado con reformas estructurales específicas para catalizar nuevos flujos de capital, lo menos que puede hacer el organismo es reconocer la inviabilidad de sus políticas, el intolerable dolor provocado por las mismas y su absoluta contradicción con los derechos humanos de las poblaciones sobre las que se aplican y, en consecuencia, presentar a los argentinos un plan de pagos acorde con la realidad.

De persistir en su intransigencia, la institución se hará responsable de otro ciclo de crisis económica y social en una de las naciones más castigadas por sus fallidas intervenciones.