Guadalajara, Jal., La empresa Proteína Animal (Proan) se comprometió a que a más tardar el 15 de febrero de 2022 se retirará definitivamente y entregará limpio el predio El Collado, en el municipio de Catorce, San Luis Potosí, donde actualmente da tratamiento a 200 toneladas diarias de excretas de gallina, el cual se convirtió en un foco de contaminación en esa sierra semidesértica donde se encuentran las 140 mil hectáreas de Wirikuta, el más sagrado de los territorios wixaritari, informaron integrantes del Comité por el Cuidado y Defensa del Agua y la Tierra de esa localidad colindante con Jalisco.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció la falta de cumplimiento de los tres poderes del estado de Guerrero a la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género por Agravio comparado, dictada a la entidad el 5 de junio de 2020. La red, conformada por 43 agrupaciones civiles, precisó que el plazo interpuesto por la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, fue de 18 meses, tiempo en que los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial debían aplicar diversas medidas, entre ellas reformar el artículo 159 del Código Penal del Estado, eliminando la fracción primera, para que quede armonizada con la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Asimismo, la Fiscalía General del Estado debía fortalecer a la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar para la Atención de Delitos Sexuales para dar mejor atención a mujeres víctimas de violencia sexual. El OCNF detalló que fueron 13 las medidas dictadas a los tres poderes, nueve de ellas de prevención, tres de seguridad y una de justicia, pero no se cumplieron, por lo que pidieron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado.

Con motivo de la detención arbitraria y el uso excesivo de la fuerza que causaron la muerte a Giovanni López el 4 de mayo de 2020, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 64/2021 al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y al alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, José Heriberto García Murillo.