Defensoría pública
Sábado 13 de noviembre de 2021, p. 7
En un año, el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) representó a 43 mil 957 personas en el Sistema Penal Acusatorio. De acuerdo con su más reciente informe 2020-2021, indica que en este periodo se detectaron y denunciaron 679 nuevos casos de actos de tortura o malos tratos y, a la fecha, se tiene un registro de 7 mil 779 posibles sucesos de este tipo en Guerrero, Veracruz, estado de México, Tamaulipas, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Chihuahua, por mencionar algunas entidades.
Los casos son identificados por defensoras y defensores públicos durante el desarrollo de las actas de entrevista, por manifestación en la audiencia inicial ante el juez de control, por lo contenido en los datos de prueba o por lo que detecten en las visitas a centros penitenciarios. Asimismo, se incluyen todos los supuestos en los que se advirtió de forma objetiva algún tipo de violencia, como tortura y malos tratos durante la detención o relacionado con las condiciones de internamiento
, señala el documento.
Refiere que entre septiembre de 2019 y mayo de 2021 el instituto presentó 2 mil 271 denuncias por actos de tortura y malos tratos, de las cuales 470 se identificaron conforme al protocolo de actuación para defensores públicos ante las agencias del ministerio público de la Federación previo a la judicialización de los casos, mientras que mil 801 fueron identificados a través de reportes elaborados por los representantes del IFDP.
De la totalidad de denuncias presentadas, en 194 casos ya existía una averiguación previa o carpeta de investigación; en 222 se inició la investigación a raíz de la denuncia y en mil 855 no se tiene respuesta a la denuncia presentada. En 27 casos se tiene conocimiento de que las autoridades investigadoras determinaron el no ejercicio de acción penal
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En su informe, el IFDP detalla que, siguiendo con la implementación de litigios estratégicos para impulsar la generación de criterios jurisdiccionales en materia de combate a la tortura y malos tratos, a la fecha se han presentado, en favor de 240 personas (19 mujeres y 221 hombres), 195 demandas de amparo indirecto en 23 circuitos judiciales distintos, relacionadas con la omisión de investigar este tipo de actos con debida diligencia y en un plazo razonable por autoridad competente especializada.
“En 189 demandas se reclamaron omisiones de la FGR (Fiscalía General de la República) y en seis asuntos de las fiscalías de los estados de Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco. En estos juicios se solicitó la suspensión del acto reclamado, que fue otorgada en 112 casos para efectos de que las autoridades responsables realicen las diligencias mínimas de investigación, o bien, para que remitan la investigación a la fiscalía especializada competente.
De estas demandas, 177 fueron presentadas bajo la figura del interés legítimo por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos, para acudir al amparo en beneficio de personas sobrevivientes de tortura. Las 18 restantes fueron presentadas en representación directa de la persona sobreviviente de tortura
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