Sempra Energy en Ensenada: gas con aroma a desvío de poder

Hace un año, el 18 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Ensenada, presidido por el morenista Armando Ayala, operó un descarado fraude al que llamó “consulta vecinal” para aparentar legitimar la construcción y operación de una planta de licuefacción de gas natural, con la que la transnacional Sempra Energy pretende exportar gas texano hacia Japón y otros países asiáticos. El ejercicio se realizó debido a que la Secretaría de Energía (Sener), condicionó el permiso de exportación a que se consultara a la ciudadanía sobre el proyecto.

La consulta fue convocada de forma express (con 6 días de antelación) y con una campaña totalmente parcial y engañosa, en la que no se informaba sobre ningún aspecto relativo a la planta, ni sobre sus impactos y riesgos, sino sólo sobre las promesas de inversión (400 mdp) en obras públicas a elegir por la ciudadanía, que la empresa aportaría al municipio en caso de aprobarse su proyecto, y sobre la supuesta derrama económica y miles de empleos que generaría.

Lo tendencioso del ejercicio, el ocultamiento de información y el ofrecimiento de dádivas para inducir el voto, sumado a las alertas de investigadores y activistas, generaron desconfianza e indignación en la ciudadanía ensenadense, provocando que se manifestara un amplio voto de rechazo al proyecto.

Los primeros resultados hechos públicos por la ciudadanía organizada marcaban una clara tendencia de 2 a 1 por el No a la aprobación del proyecto. Los voceros de Sempra, al conocer esta tendencia, hicieron declaraciones insinuando su derrota, pues afirmaron con desdén que el resultado de la consulta no afectaría sus planes en Ensenada.

Fue entonces cuando el gobierno municipal trasladó el resto de urnas a un lugar cerrado, sin acceso a la ciudadanía y con resguardo policial para continuar el conteo de opiniones, mientras en el exterior una numerosa manifestación espontánea exigía que se hiciera un conteo público. Al día siguiente, otra vez de manera oculta, el consejo de participación ciudadana municipal daba a conocer el “resultado oficial”: 62% por el Sí (19 mil 930 votos) y 38% por el No (12 mil 174). El fraude se había consumado.

Como respuesta a este desvío de poder a favor de la transnacional surgió un amplio movimiento social llamado Ensenada Resiste, que en conjunto con otros colectivos y organizaciones vecinales, ha impulsado numerosas acciones de protesta y denuncia en contra de la imposición del megaproyecto.

A pesar de las acusaciones de fraude, la Sener avaló el resultado y otorgó el permiso faltante. A cambio negoció que Sempra comprara los excedentes de gas natural que la CFE contrató, bajo condiciones sumamente desventajosas para el país, durante la administración de Enrique Peña Nieto. El gas contratado proviene de gasoductos propiedad de Grupo Carso, TransCanada y -justamente- Sempra.

La aprobación de la planta evidencia la continuidad, en tiempos de la 4T, de la contra-reforma energética de 2013 y los planes e infraestructuras proyectadas bajo dicho marco regulatorio. Evidencia, también, la continuidad de la subordinación de la política energética mexicana a los intereses transnacionales y en particular, a los de Estados Unidos, pues se beneficia a una empresa estadounidense que históricamente ha convertido a Baja California en su “traspatio energético”.

A partir de la crisis energética de California de 2001, Sempra comenzó a emplazar a territorio bajacaliforniano diversos proyectos de generación y transporte de energía con la finalidad central de abastecer el mercado californiano y en menor medida al mercado local. Desde entonces ha construido cuatro gasoductos interconectados con California, además de una planta de ciclo combinado y un parque eólico para exportar electricidad al norte de la línea fronteriza. Otro de sus proyectos es una planta de regasificación llamada Energía Costa Azul (ECA), que recibe buques de gas natural licuado desde Asia y los transforma en estado gaseoso (calentándolo) para distribuirlo en sus redes de ductos.

La planta de regasificación es una ampliación de ECA para añadir el proceso inverso, es decir, la capacidad de recibir gas natural y convertirlo a estado líquido (enfriándolo a -162°C) para su transporte vía marítima. De concretarse este proyecto, Sempra convertirá a Baja California en una plataforma de exportación e importación de gas natural entre Estados Unidos y la Cuenca del Pacífico, además de producir electricidad para su exportación o para consumo local (de clientes industriales, principalmente), dejando en territorio mexicano las “externalidades” de los procesos de transformación del energético.

Este tipo de infraestructuras son consideradas tecnología de alto riesgo (motivo central para no instalarse en los litorales californianos) y tienen potenciales daños en los ecosistemas costeros, lo que puede afectar las actividades pesqueras, turísticas y recreativas, así como a la flora y fauna locales; incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero y con ello, los fenómenos de sequía, como lo han denunciado científicos del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE); y finalmente, vulneran la soberanía nacional, al ceder a empresas extranjeras una parte de los litorales mexicanos y al convertir a Baja California en una mera tubería de paso al servicio de intereses extranjeros.

El desvío de poder efectuado con la consulta y el aval al proyecto dan cuenta de la grave sumisión de México respecto al imperialismo estadounidense, dinámica que se ha afectado mínimamente con la llegada del gobierno progresista de la 4T, el cual, mientras no se sustraiga de la lógica de “democracia tutelada” de Washington, seguirá reproduciendo y profundizando la situación de dependencia económico-política del país, la exacerbación de la desigualdad social y la depredación de los bienes comunes. Mientras tanto, las luces de resistencia se encienden en la Perla del Pacífico bajacaliforniano, cual faro que guía al navío de la dignidad. •