La propuesta de Reforma Constitucional presentada el 30 de septiembre tiene una lamentable coincidencia con el régimen energético neoliberal de Salinas y Peña Nieto. Ambos niegan a las comunidades y pueblos indígenas un papel activo en el sistema energético, y generan condiciones idóneas para que sean otros actores (públicos o privados) quienes aprovechen las fuentes de energía de nuestros territorios. Los dos paradigmas, el privatizador y el estatista, son violatorios de derechos garantizados por la Constitución y por tratados internacionales.
Las organizaciones comunitarias firmantes conocemos de primera mano la violencia empleada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y empresas privadas para tomar control sobre los recursos energéticos de nuestros territorios. Del Istmo de Tehuantepec a Yucatán, de la Sierra de Puebla a la Mesa del Nayar, de la Huasteca Potosina a Baja California, CFE y la Secretaría de Energía han colaborado con el sector privado para despojarnos de nuestras tierras y negar nuestros derechos. La Reforma ahora en discusión, tal y como está planteada, da continuidad a este racismo y violencia institucional, ahora en beneficio de CFE.
La Reforma tiene aspectos muy positivos, como la eliminación de privilegios gozados durante décadas por empresas energéticas privadas. Pero la propuesta en su redacción actual supone un ataque frontal del Estado a nuestros derechos, al establecer que “El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación” y que CFE “estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad”. Esto es inaceptable para las fuentes de energía renovable, las cuales están dispersas e integradas en territorios vivos, defendidos por nuestros pueblos y comunidades.
La generación de energía renovable sin participación plena y efectiva de las comunidades genera graves conflictos sociales, como demuestran múltiples luchas contra megaproyectos energéticos públicos y privados. Esto no se soluciona con simulaciones de “consultas” a modo, como las realizadas por la Secretaría de Energía. Requiere un marco legal y administrativo que haga viable la generación comunitaria de energía renovable, acorde a lo establecido en el Art. 2 Constitucional, que “reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas (...)al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades”.
La Reforma ganaría fuerza si reconociera de forma explícita el derecho de los pueblos originarios a generar energía renovable, para su propio uso o para su venta a CFE. Esto además alinearía la reforma con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual establece como estrategia “Fomentar la generación de energía con fuentes renovables (…) promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local”, y reconoce que “Existe un adeudo al reconocimiento de los derechos de las comunidades, pueblos, grupos sociales y urbanos asentados en las áreas en donde se llevan a cabo las actividades en materia energética.”
Los artículos transitorios de la Reforma deben instruir al Poder Legislativo a desarrollar un marco regulatorio específico para iniciativas energéticas comunitarias de carácter social con la participación plena de las comunidades. Esto es necesario para que el Estado otorgue un tratamiento distinto a propuestas energéticas comunitarias que a los megaproyectos privados del capitalismo verde.
Este cambio de enfoque es indispensable desde una justicia climática. Los pueblos originarios y los núcleos agrarios (Ejidos y Bienes Comunales) somos quienes más sufrimos las consecuencias del cambio climático, del que no somos en absoluto responsables; al contrario, somos quienes mejor conservamos la naturaleza en nuestros territorios. La generación comunitaria de energía renovable será fundamental para enfrentar las consecuencias devastadoras de la crisis climática. El Estado debe facilitar y respaldar este proceso, dada su co-responsabilidad (junto con el sector privado) en dicha crisis.
Somos parte integral del Estado Mexicano, desde una visión enraizada en nuestros territorios, experiencias históricas y formas de vida. Nuestra participación activa en la transición energética reducirá la dependencia del gas de Estados Unidos, fortaleciendo de este modo la soberanía energética. También abrirá una vía (entre otras más) para que podamos ejercer de forma directa el derecho humano a la energía eléctrica. Resulta incomprensible que esta propuesta de Reforma nos excluya nuevamente, como hizo la reforma de la Ley de la Industria Eléctrica promulgada este año.
Las organizaciones firmantes y nuestros aliados estamos preparando un trabajo de incidencia colectivo para fomentar la participación comunitaria indígena activa en la generación de energía renovable, en el marco del proyecto “Participación Indígena Plena en la Transición Energética”. Si quieren sumarse a este esfuerzo, escriban al correo electrónico participacionindigenaplena@gmail.com•
