El 30 de septiembre pasado el Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, envío a la Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución en materia energética.
Apenas en marzo de este año se aprobó una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, que tenía un objetivo que parecía justo, asequible, inobjetable: que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se viera obliga a comprar energía cara producida por particulares, al tiempo que dejaba de producir energía con la infraestructura construida a lo largo de décadas, funcional, limpia en buena parte de los casos. Es decir, que recuperáramos la Soberanía energética que perdimos de a poquito durante el neoliberalismo y de golpe con el llamado “Pacto por México”, que terminó de enajenar lo poco que nos quedaba. Sin embargo, en lo que se ha vuelto ya una forma de mantener el neoliberalismo y revertir las reformas de los gobiernos populares que están emergiendo en Latinoamérica, y marcadamente en nuestro país con el triunfo del lopezobradorismo en 2018, apenas publicada la Ley, un juez otorgó amparos con efectos generales que la desarticularon.
Lo que seguía entonces era la madre de todas las batallas: impulsar una reforma constitucional para el rescate de nuestra industria eléctrica y en defensa de la economía popular, ahorcada por la pandemia y las altas tarifas que el esquema que funciona actualmente provocan. Así lo comentamos a lo largo de la campaña en el Distrito 4 de Chiapas, donde se encuentran 3 de las grandes hidroeléctricas del Grijalva. En esos términos dialogamos con los colectivos y organizaciones que se encuentran en resistencia ante las altas tarifas de la CFE. Así lo explicamos a los gobiernos locales progresistas y organismos operadores de agua que se encuentran endeudados por la corrupción de administraciones anteriores y las altas tarifas de los equipos de bombeo que se usan para garantizar el Derecho Humano al agua. De esa manera intercambiamos opiniones con los habitantes de municipios como Ostuacán, donde se encuentra la presa Peñitas y donde día a día sufren apagones o cambios en el voltaje que les ocasionan pérdida de electrodomésticos.
El momento llegó: la iniciativa de reforma constitucional está presentada, la LXV Legislatura en marcha, la Comisión de Energía instalada y el debate presente en redes y medios convencionales. El guion de las empresas que han medrado todos estos años a costa del erario y de un servicio público que debería ser considerado un Derecho Humano, lo estableció el Consejo Coordinador Empresarial en un boletín de prensa el 6 de octubre y fue repetido por la derecha con el PAN a la cabeza en la Cámara. Las voces y los argumentos son los mismos; están basados en verdades distorsionadas y mentiras puras y duras: que se lastima profundamente al país en términos ambientales y económicos, pues generaría daños al Estado de Derecho, el medio ambiente, las finanzas públicas y, el colmo del cinismo, según el boletín citado, se golpearían las finanzas de las familias mexicanas (no especifican por supuesto, a qué familias se refieren).
Ya está establecida su postura y era la esperada. Falta articular la nuestra, la de la alianza popular, amplia, progresista que se agrupa en torno a la figura del Presidente y que hace que la iniciativa presentada sea del pueblo de México. Y esta debe ser expresada en su riqueza y diversidad. Falta la voz de don Emir de Osumacinta, que con los ojos empañados me señaló en dónde está el pueblo que quedó sumergido por las grandes aguas de la presa Chicoasén. Falta la palabra que describa su cara de sorpresa cuando supo que a las turbinas de la presa no se les daba mantenimiento desde hace décadas y que no se utilizan en su máxima capacidad porque se le da prioridad a las llamadas “energías limpias”. No entiende, porque no hay forma de entender el absurdo, que todo el sufrimiento causado en los años 70 y 80 del siglo pasado, con el desplazamiento forzado y la vuelta a empezar en un nuevo lugar no se aproveche al máximo, ahora ya con la capacidad instalada de las hidroeléctricas y su producción tan limpia como las eólicas.
Falta también la palabra de las señoras de la Ranchería El Macayo de Reforma, ya en la llanura del Golfo de México, que tampoco entienden por qué se dejó acumular el agua dura te tantos años en las presas y luego se inundaron sus campos.
En ese concierto que salga a defender la reforma presentada por el Presidente, falta también que se exprese y se oiga con fuerza la voz de los habitantes del Istmo de Tehuantepec, donde una treintena de parques eólicos privados en su gran mayoría, despojaron en un principio y negociaron forzados después, contratos inequitativos hasta la ignominia con las comunidades de los pueblos originarios de la región, que pese a la compra de conciencias y voluntades, resisten.
Falta la voz de los trabajadores de la industria eléctrica como la de Don Ray, quien desde muy joven trabajó en la construcción de las cuatro grandes presas de Chiapas y que regresa contento en estos días, a cambiar por primera vez desde sus construcción, el devanado (los hilos de cobre) de las grandes turbinas que giran impulsadas por el agua del Grijalva.
Ya se escucha la voz de los colectivos y grupos como el Movimiento Organizado de Pueblos Originarios que está convocando a un foro el próximo 24 con la bandera de rescate de la industria eléctrica y en defensa de la economía popular.
Faltan, pero no por mucho tiempo, los pueblos, l@s colectiv@s se están encontrando en su caminar, y así como fue la expropiación petrolera, el rescate de la Soberanía energética en la 4ª Transformación, será profundo y popular. •