Moscú. En lo que concierne a Rusia, como sucedió con los Papeles de Panamá, la nueva megafiltración de archivos de transacciones en paraísos fiscales exhibe la riqueza insultante de prominentes miembros de la élite gobernante local, figuras del entorno más cercano del presidente Vladímir Putin, legisladores y funcionarios públicos.

Irina Dolinina, Roman Shleinov, Roman Anin y otros de los mejores reporteros de investigación rusos, en la página web Vashniye Istori (Historias importantes), sacan a la luz pública parte del patrimonio de personajes que se enriquecieron a la sombra del Kremlin.

Svetlana Krivonogyj, llamada en 2020 la amiga de Putin por el portal de denuncias Proyekt, que tuvo que cerrar tras ser catalogado de organización indeseable, figura como propietaria de un apartamento y dos plazas de estacionamiento en el conjunto residencial Monte Carlo Star, a dos pasos del casino, por los cuales desembolsó 3 millones 600 mil euros.

De origen humilde, compró el apartamento el mismo año que nació su hija, Luiza, de sorprendente parecido físico al presidente Putin, de acuerdo con Proyekt. Krivonogyj posee 3 por ciento del Banco Rossiya, que pertenece al primer círculo del mandatario y, entre sus bienes inmuebles en Moscú y San Petersburgo, figura un departamento en el edificio donde viven los amigos del presidente en la exclusiva Isla de Piedra en la Ciudad del Neva.

El director de la corporación pública Rostej, que agrupa a cerca de 800 empresas del complejo industrial-militar de Rusia, Serguéi Chemezov, que compartió oficina con Putin en la estación de la KGB en Dresde, en la desaparecida RDA, sostuvo en una entrevista de prensa que no tiene palacetes ni yates. Los reporteros encontraron ocho empresas en paraísos fiscales que pertenecen a Anastasia Ignatova, de 34 años, hija de su segunda esposa, Yekaterina. Una de esas firmas offshore es propietaria del yate Valerie, valuado en 140 millones de dólares, y de una casa en S’Agaró, en la Costa Brava catalana, que le costó más de 15 millones de euros.

Entre los millones de archivos, los reporteros encontraron que la hija y el yerno de Nikolái Tokariev, otro antiguo compañero de oficina de Putin en la KGB y ahora presidente de la petrolera Transnieft, tienen pasaporte de Chipre y, por tanto, son ciudadanos de la Unión Europea, pero nadie –escriben los reporteros– les va a colgar la etiqueta de agentes extranjeros, reservada para periodistas críticos.

El abogado Nikolái Yegorov, compañero de estudios de Putin y dueño de una de las refinerías más importantes de Rusia, maneja sus negocios desde las Islas Vírgenes Británicas, en el Caribe, igual que Víktor Jmarin, otro compañero de estudios del titular del Kremlin que suministraba equipos al consorcio Gazprom, mientras Roman Putin, sobrino en segundo grado del presidente de Rusia, prefiere las Seychelles, en el Índico.

Los negocios de la familia de Guerman Gref, presidente de SberBank, el banco más grande del Estado, los maneja un sobrino desde Suiza a través de una empresa en Singapur, en tanto Anton Vaino, director de la Oficina de la Presidencia, su esposa e hijo pasaron unas agradables vacaciones de nueve días en el yate Addiction, de 54 metros, junto a las costas de España, que pertenece al dueño de una de las compañías más importantes de telefonía celular, según consta en una carta suya al capital del yate con instrucciones de cómo tratar a su invitado, que citan los reporteros.

Destacan como inexplicable que una muchacha de 20 años situara su base de operaciones en las Islas Vírgenes Británicas. Sucedió en 2011 y ahora Alina Jusnulina, hija de Marat Jusnulin, viceprimer ministro de Rusia, es dueña de hoteles en Tatarstán, de un centro médico y de 6 mil hectáreas de tierras de cultivo.

El exitoso empresario Aleksandr Vinokurov, que posee siete empresas en paraísos fiscales, la mayoría británicos, es yerno de un alto funcionario que está convencido de que Gran Bretaña es uno de los países más hostiles hacia Rusia, el canciller Serguéi Lavrov, subrayan los reporteros.

También dedican amplio espacio a Konstantin Ernst, director del Canal Uno de la televisión pública, cuyos programas de noticias y debates suelen denigrar a los adversarios del Kremlin y difundir informaciones que muchas veces no se corresponden con la verdad. Quizás por eso, apuntan, las autoridades cierran los ojos a que haga negocios a través de compañías offshore, en particular tiene la concesión de demoler salas de cine –ya lleva 39 en Moscú– y de construir en su lugar centros comerciales.