Washington. El gobierno del presidente Joe Biden redobló ayer los esfuerzos para proteger de la deportación a cientos de miles de migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños, en la maniobra más reciente de un extenso drama en torno a la legalidad del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

El gobierno propuso una norma con la cual pretende satisfacer las inquietudes de un juez federal en Houston que en julio pasado decretó que el DACA es ilegal, principalmente debido a que el gobierno del entonces presidente Barack Obama pasó por alto requerimientos procesales al momento en que el programa entró en vigor en 2012.

La nueva norma es similar a la iniciativa de Obama y recrea la política de 2012 con el fin de afianzarla en una base más sólida al atravesar el proceso de regulaciones federales.

El juez federal de distrito Andrew Hanen señaló que el gobierno de Obama excedió su autoridad y no buscó la retroalimentación adecuada. El magistrado permitió que continúen las renovaciones del programa, pero prohibió las nuevas inscripciones. El gobierno de Biden apeló el fallo.

La propuesta de 205 páginas solicita retroalimentación pública, a fin de atender las preocupaciones de Hanen, aunque de momento se desconoce si eso será suficiente. La norma se publicará hoy en el Registro Federal, lo que dará lugar a un periodo de 60 días para comentarios del público, con lo cual es poco probable que entre en vigor durante varios meses.

La oficina del secretario de Justicia de Texas, Ken Paxton, quien con otros ocho estados impugnó el DACA ante el juez Hanen, no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

El gobierno de Obama creó el DACA con un memorando emitido por la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano. Su intención era ser una medida provisional hasta que el Congreso legislara una solución permanente para los dreamers –como se conoce a los indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños–, lo cual nunca ocurrió.

Y ya que el DACA no es producto de una legislación, encaja en la categoría de las políticas que pueden alterarse fácilmente con el cambio de gobierno. El presidente Donald Trump intentó rescindir el DACA y poner fin al programa, pero la Suprema Corte llegó a la conclusión de que no lo hizo de manera adecuada.

Al reforzar el DACA mediante una regla formal –lo que significa un proceso más riguroso que el memorando original, aunque sigue sin ser una legislación–, el gobierno espera obtener el aval de los tribunales.

Lo más probable es que se requiera nuevamente de la intervención de la Suprema Corte, a menos que el Congreso actúe primero.

La medida del gobierno de Biden surge cuando los legisladores demócratas enfrentan problemas para incluir cláusulas migratorias en su paquete de iniciativas sociales y ambientales por 10 años y 3.5 billones de dólares. La inclusión de provisiones que ayuden a millones de migrantes a permanecer en Estados Unidos ha sido una de las máximas prioridades de legisladores progresistas y a favor de la migración, y los demócratas no pueden darse el lujo de perder muchos votos.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, volvió a pedir ayer al Congreso que actúe con rapidez para brindar a los dreamers el estatus legal que necesitan y merecen.