La Paz., Activistas sociales y sindicales de Bolivia exigieron ayer sanciones contra autoridades y dirigentes cívicos del departamento oriental de Santa Cruz, por un acto de supuesto racismo y agravio a la wiphala (bandera indígena), mientras el gobierno alistaba denuncias penales.

Lo que ha ocurrido en Santa Cruz ha sido gravísimo y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho debería pedir perdón a todos los bolivianos, porque nos está llevando a una pelea, denunció el presidente de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas y Originarias de Bolivia, Roberto Mamani.

Esta declaración la hizo el dirigente en un acto realizado en la Plaza Murillo, que se sumó a una ola de protestas contra Camacho y otros señalados como responsables de haber retirado la wiphala de una ceremonia oficial el viernes pasado en Santa Cruz.

La bandera indígena, elevada a rango de símbolo nacional desde 2009, fue izada por el vicepresidente David Choquehuanca y arriada minutos después, ante la mirada de las autoridades cruceñas, por activistas que gritaban consignas contra el occidente andino y el gobernante Movimiento Al Socialismo.

A esto se sumaron golpizas contra dirigentes sociales que portaban wiphalas en el mismo acto, reportaron medios locales.

Anticipándose a las denuncias anunciadas por el gobierno, los parlamentarios oficialistas de Santa Cruz presentaron una demanda penal contra el gobernador Camacho, el líder cívico cruceño Romulo Calvo y otros activistas opositores acusándolos de racismo y discriminación por los sucesos en torno a la wiphala.

En tanto, nuevos enfrentamientos entre productores de coca y la policía dejaron al menos dos heridos, detenidos y destrozos en una vivienda, a una semana de disputas por el control de un mercado de coca en La Paz.

El barrio de Villa Fátima, al norte de la ciudad, fue campo de batalla entre policías que lanzaban gas lacrimógeno y cocaleros que disparaban piedras y petardos.

El conflicto comenzó el pasado lunes, cuando un grupo de cocaleros tomó el control del mercado. Otro grupo acusa al gobierno y a la policía de apoyar a los que les arrebataron el control de esa plaza.

El vicepresidente Choquehuanca llamó a los sectores involucrados a reuniones para buscar acuerdos.