La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apunta a declarar la invalidez del castigo de cárcel contra las mujeres que abortan. Al comenzar a analizar el Código Penal de Coahuila, que aplica hasta tres años de cárcel a quienes toman esta alternativa, ocho de los 11 ministros se han pronunciado por declarar inconstitucional esta sanción.

De acuerdo con la última reforma constitucional al Poder Judicial, si al tomar votación se confirma la mayoría calificada, la decisión de la SCJN tendrá efectos generales, anulando la prohibición absoluta del aborto en todo el país.

Al inicio de la sesión, el ministro ponente, Luis María Aguilar Morales, explicó que se trata de una discusión histórica, pues será la primera vez que un tribunal constitucional de América Latina se pronuncie sobre el derecho humano de la mujer a determinar sobre su cuerpo, sobre ser madre o no.

Aguilar propuso invalidar la mayoría de los artículos del Código Penal de Coahuila que castigan la interrupción voluntaria del embarazo, pues no tiene cabida ninguna postura paternalista que diga que las mujeres deben ser protegidas de la toma de sus propias decisiones, ni tampoco un control estatal basado en prejuicios.

Al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, advirtió que no es el papel de la Corte enjuiciar la moralidad de la interrupción del embarazo, lo que asumen, sostuvo, es el análisis jurídico sobre si es válido o no condenar a prisión a quienes toman esta vía.

Afirmó que, con base en los artículos primero y cuarto de la Constitución, sí existe un derecho al aborto, y pidió a los ministros asumirlo sin medias tintas.

En esto coincidió el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien sin embargo advirtió que para ello sería preciso establecer el límite mínimo para que un aborto voluntario sea legal, y citó los parámetros de otros países, que van desde 12 a 24 semanas de gestación.

Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel Mossa afirmó que ninguna mujer desea abortar, pues son las circunstancias particulares de cada caso las que llevan a tomar esta decisión, y por ello el problema no se soluciona con criminalizar su práctica, pues con eso únicamente se causa que mueran más mujeres en abortos clandestinos efectuados en condiciones insalubres y por personas poco capacitadas.

A su vez, la ministra Norma Lucía Piña Hernández advirtió que las creencias personales no son compartidas por todos, y por ello no pueden ser adoptadas y defendidas por el Estado sin violar su carácter laico y los derechos humanos.

Advirtió que penalizar con cárcel el aborto en realidad no busca la protección de un supuesto derecho a la vida, sino que castigan la conducta sexual de la mujer, limitando su libertad.

Ninguno de los ocho ministros que intervinieron en la discusión en la sesión del lunes se manifestó en contra del proyecto del ministro Aguilar. La discusión y votación de este asunto se realizará este martes.