yer debieron reanudar clases presenciales en educación básica en todo el país, en especial las escuelas públicas, según la decisión presidencial asumida por la Secretaría de Educación Pública. Las últimas semanas se realizó un debate en medios lleno de falsos dilemas y abundantes lugares comunes, mientras la postura de los actores sociales involucrados, docentes, padres de familia, niños y jóvenes, fueron escasamente referidos y valorados. En el fondo se planteaba si habría que elegir entre la educación y la salud. Incluso se argumentó el supuesto implícito de que la vida es riesgo. ¿Quién puede negar tan contundente postulado? ¿Quién podía decir en general que no desearía la reanudación del trabajo educativo presencial?

Intentaré enunciar elementos que contienen apreciaciones ciertamente ligeras o por lo menos sin base diagnóstica sólida difundidas ampliamente para justificar la decisión presidencial: los porcentajes en la afectación en los niveles de aprendizaje sobre conocimientos básicos, en la violencia familiar y la salud mental asumiendo que esto no sucedía antes de la pandemia e ignorando el trabajo docente en condiciones ciertamente complicadas y los esfuerzos de muchas familias por apoyar a sus hijos, pese a la afectación laboral que sufrieron.

Un factor determinante en la preocupación sobre las condiciones para el regreso a clases fue que instalaciones hidráulicas, eléctricas y sanitarias de las escuelas fueron vandalizadas durante la pandemia. Los planteles ya tenían carencias, pero el daño fue mucho más allá. No bastaba con realizar su limpieza. Durante más de un año ¿qué hicieron el gobierno federal, estatal y municipal para reparar la infraestructura de los planteles? Se avanzó en proporcionar la vacuna al magisterio, pero el protocolo indispensable de contar con aulas ventiladas, pupitres sanitizados, sana distancia, gel antibacterial, servicio de agua e instalaciones sanitarias adecuadas está muy lejos de soportar la generalización retórica de que las condiciones están dadas para el regreso presencial.

Un factor que sabemos estructural y forma parte de la historia del presente es la tendencia a no distinguir entre las condiciones de los servicios educativos para la población rural, los pueblos indígenas y los de las ciudades. Ni antes de la pandemia y menos ahora. Evidentemente, no es lo mismo señalar, como se hace, que de cualquier forma las familias sacan a sus hijos de sus casas en transporte público y los llevan a centros comerciales o a mercados públicos y, por tanto, los exponen a contagios, igual que será llevarlos de nuevo a las escuelas; ejemplos que no se compadecen de la situación en el ámbito rural que, como ha sido evidente, han transcurrido la pandemia en primer lugar sin ser visibilizados, sin acceso a servicios de salud, sin un registro específico de afectación del Covid y con crecientes reportes y llamadas de auxilio, pues la movilidad que buscaron contener para impedir contagios cerrando sus comunidades, no se ha logrado sostener, pues ante el desempleo en áreas urbanas muchos de sus habitantes regresan a sus comunidades. Además, para el magisterio no es lo mismo contar con unas condiciones mínimas de conectividad para desarrollar en ciudades el trabajo de manera virtual frente a quienes han tenido que buscar a sus alumnos en sus comunidades y llevarles materiales de estudio; ejemplos de su trabajo existen.

En suma, ante éstas y otras evidencias, de nueva cuenta es el magisterio organizado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) el que ha denunciado que no existen condiciones para el regreso al trabajo presencial, por lo menos en cinco entidades, como Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México.

En contraste el oficialismo, agrupado en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se ha apresurado a respaldar el regreso incondicional a clases. No todas las entidades en el país están respaldando esta postura, algunas están construyendo alternativas híbridas. También instituciones como la Benemérita Escuela Normal Veracruzana, Enrique C. Rébsamen, a través de su junta académica recomendó que el servicio educativo continúe a distancia y en línea. Contrasta el Gobierno de la Ciudad de México que –no obstante que no le han sido transferidos los servicios educativos que desde 1992 se realizó en todo el país– traduce su colaboración en el mantenimiento de algunas escuelas, en la facultad inexistente de declarar que aun cuando se presenten contagios las escuelas no cerrarán de nuevo, simplemente se atenderán casos concretos. La SEP y la Secretaría de Salud federal ¿tendrán que plegarse? Está por verse si por decreto y sólo voluntad se recupera la normalidad en la educación pública.