Toluca, Méx., El gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo Maza, presentó ayer el Acuerdo por la Igualdad, en el que participarán los tres poderes del estado, organismos autónomos, el sector privado y la sociedad civil, el cual prevé acciones encaminadas a lograr la equidad entre hombres y mujeres.

Además, anunció el inicio de actividades de nuevos juzgados en línea que podrán dictar medidas para proteger a mujeres víctimas de violencia, como obligar al agresor a salir del inmueble donde ambos viven.

Esto convertiría al estado de México en la primera entidad en dictar medidas de este tipo, pues generalmente quienes se ven obligadas a abandonar el lugar donde se cometen las agresiones son las víctimas.

Los juzgados de protección a mujeres en línea dependerán de los juzgados de control del Poder Judicial de la entidad.

Con base en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrán dictar medidas como prohibir al agresor acercarse o comunicarse con la víctima, al domicilio de ésta o a donde se encuentre.

Asimismo, podrá ordenar la entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de la víctima que estén en posesión del probable responsable.

También tendrá la facultad de prevenir intimidaciones u hostigamiento a las víctimas y a personas relacionadas con ellas, ordenar vigilancia en el domicilio de las afectadas y brindarles protección policiaca, entre otras medidas.

Ricardo Sodi, presidente del Poder Judicial estatal, informó que para asumir estas nuevas atribuciones los jueces especializados recibieron capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y medidas de protección; además, se reforzó el área con otros cuatro jueces y más personal.

Del Mazo explicó que los jueces tendrán un plazo máximo de ocho horas después de recibir la solicitud del Ministerio Público para resolver la procedencia de las medidas.

Detalló que cuando las agredidas dejan su domicilio son victimizadas de nuevo; de ahí la relevancia de este mecanismo de protección jurídica, ya que no tendrán que abandonar su vivienda después de haber sido objeto de violencia.