Los auditores de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) comparecen hoy ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y, en ese contexto, el presidente de esta instancia legislativa, Mario Alberto Rodríguez Carrillo, de MC, expuso que se buscarán penalidades y deslinde de responsabilidades en un asunto tan penoso como el error técnico que se cometió para el cálculo del costo de cancelar el aeropuerto en Texcoco.

No obstante, afirmó que la comparecencia –en formato presencial en el Salón Verde– no está en la ruta de pedir la renuncia o destitución del titular de la ASF, David Colmenares, quien también ha advertido que no piensa dimitir.

En la reunión pública, la Unidad de Evaluación y Control –instancia que a su vez supervisa a la ASF– presentará su propia opinión del informe de la cuenta pública 2019. El legislador de MC declaró que la reunión es la que usualmente se realiza cada vez que el órgano fiscalizador expone sus reportes.

Ahora, agregó, se adelantó por la polémica en torno a la auditoría de desempeño donde, en el informe del sábado 20 de febrero, la ASF afirmó que el costo de cancelar el aeropuerto es de al menos 331 mil 996 millones de pesos, cifra rechazada por el Ejecutivo.

Rodríguez Carrillo indicó, en entrevista, que la comparecencia de Colmenares y el equipo de auditores no es en respuesta a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador de iniciar las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la ASF.

La comisión, recordó, envió el citatorio a Colmenares el 24 de febrero, y la carta donde el mandatario pide la indagatoria se recibió el 25. No obstante, señaló que la comisión sí realizará una investigación, pero sin politizar el caso.

A su vez, Morena insistió que la ASF omitió información en la auditoría. La vicepresidenta de la cámara, Dolores Padierna Luna, explicó que en el informe la auditoría no consideró que 50 mil 900 millones de pesos por la recompra de 30 por ciento de los bonos emitidos para el financiamiento del proyecto se pagaron con parte de los 115 mil 100 millones de pesos que contaba el fideicomiso 80460, constituido en Nacional Financiera, en los que se depositaron dichos bonos.

Tampoco, agregó, consideró que los certificados de la Fibra-E para financiar la obra se depositaron en el fideicomiso privado 2930, constituido en CI Banco, y no se conoce cuánto se utilizó para la liquidación de 34 mil millones.

“Es decir, el cálculo de 163 mil 500 millones de pesos ‘adicionales’ no es correcto, ya que no consideran que parte de este gasto se financió con recursos disponibles en esos dos fideicomisos”, detalló.

Lo único que se puede documentar con precisión es que a diciembre de 2019 se habían erogado 116 mil millones de pesos como costo de la cancelación del proyecto, aunque debe descontarse la parte recuperable de la inversión, expuso.

Por su parte, en un comunicado, la dirigencia nacional del PAN atribuyó las críticas a la ASF a que el gobierno quiere un auditor a modo.