Mazatlán, Sin., El juez sexto de distrito, Óscar Zúñiga, dejó sin efecto la manifestación de impacto ambiental de la planta de amoniaco localizada en Topolobampo y ordenó a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que efectúe una consulta a la comunidad indígena de Lázaro Cárdenas del municipio de Ahome, Sinaloa, para conocer la viabilidad del proyecto que construye la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

La comunidad indígena mayo, ubicada en Lázaro Cárdenas, interpuso el juicio de amparo 528/2018-7B, argumentando que desde su inicio no se consultó a los habitantes y que la planta de amoniaco se empezó a construir en la bahía de Ohuira, por lo que desde hace años empezaron a inconformarse con la ubicación.

Ante esto, el juez dejó sin efecto la manifestación de impacto ambiental, que había otorgado la Dirección General de Impacto y Riesgos Ambientales de la Semarnat, y ordenó a GPO un plebiscito entre las comunidades cercanas a la construcción de la fábrica de amoniaco.

En agosto, durante su visita a Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante las protestas de los grupos ambientalistas e indígenas, dijo que se tendría que hacer un referéndum a los pobladores para que decidan sobre el proyecto.

La presidenta del Consejo de Cambio Climático en México, Patricia Muñoz, desde hace años ha manifestado su inconformidad de que la planta de amoniaco nunca debió haberse construido en esa región, pues se ubica en la costa, que es un sitio Ramsar (humedal de importancia internacional), pues su edificación representa un riesgo para los ecosistemas marinos y las poblaciones de los alrededores.

Según información del GPO, desde 2013 iniciaron el desarrollo del complejo para la producción de fertilizantes, en tres etapas; la primera sería la planta de amoniaco y a la par se construiría otra para la producción de urea y el proyecto general se complementaría con otra planta para producción de metanol.

Para iniciar operaciones habría una inversión de mil 250 millones de pesos, monto que subiría hasta llegar a los 5 mil millones de pesos durante un periodo de 10 años para concluir el proyecto y con capacidad de requerir unos 2 mil trabajadores de mano de obra no especializada.

De acuerdo con GPO, el abasto de amoniaco en México es estratégico para producir los alimentos que requiere el país, ya que se importa 100 por ciento, esta planta beneficiaría a agricultores de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Michoacán.