El informe presentado ayer por el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas sobre el número de fosas clandestinas en el país es un gesto encomiable para informar sobre el tema, pero con el fin de gestionar de mejor forma este tema es necesario que haya una coordinación más estrecha entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Gobernación, así como garantizar todos los recursos para procesar los restos hallados.

Así lo afirmaron activistas de organizaciones civiles, quienes resaltaron que la gran mayoría de los hallazgos de fosas los siguen haciendo las familias de las víctimas, no las autoridades supuestamente encargadas de dicha labor.

Grace Fernández, integrante del colectivo Buscando Desaparecidos México-Búscame, señaló que, a diferencia de otros gobiernos, en el actual al menos hay un reconocimiento más abierto de la existencia de las fosas, pero también han procesado muchas sin hacerlo público y aún no tienen la capacidad de atender todos los puntos que piden las familias.

Aunque sí hay un esfuerzo por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda y de las comisiones locales, la búsqueda sigue sin verse como un asunto de Estado: falta coordinación y recursos. Tampoco podemos decir que nunca cooperan con la fiscalía, pero lo hacen de forma mínima y no es suficiente.

Por su lado, Jorge Verástegui, defensor de derechos humanos, resaltó que una gran cantidad de las fosas que reportó Encinas fue descubierta por las familias de las personas desaparecidas, por lo que en este tema las autoridades no son tan proactivas como quieren hacerse ver.

De igual manera, destacó que el gobierno no debe relacionar el hallazgo de fosas clandestinas con el hecho de que haya o no disputas entre grupos del crimen organizado en cierta entidad, porque de esa forma criminaliza indirectamente a las víctimas al sugerir que ellas formaban parte de ese ámbito.

Igualmente, señaló que uno de los principales errores en la labor de análisis de los entierros clandestinos es hacerlos depender de la buena voluntad de un funcionario, en vez de establecer un trabajo de coordinación institucional entre diversos organismos.