n octubre pasado fue presentada al Senado la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley de la Fiscalía General de la República (LFGR), se abroga la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, y se reforman, adicionan y derogan disposiciones de distintos ordenamientos legales. Comprendiendo apartados que van desde los antecedentes hasta el texto normativo y el régimen transitorio y pasando por el objetivo y la descripción, así como por las consideraciones en las que se expresan los razonamientos y argumentos que sustentan la iniciativa, este dictamen, de poco más de 400 páginas, sostiene que la nueva ley permitirá dotar al Ministerio Público de la Federación de instrumentos eficaces para la investigación y persecución de los delitos, y sentar una política criminal.

Se considera que esta ley establecerá claramente la integración, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía. Sin embargo, en meses recientes esta iniciativa ha propiciado la reacción de diversos actores sociales, organizaciones y colectividades, tanto en el plano nacional, como en el internacional. Por ello resulta indispensable manifestar algunas preocupaciones en torno a los impactos que la LFGR tendría en la agenda de derechos humanos, especialmente la de los diversos grupos de víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos, así como la de personas defensoras y periodistas.

En este sentido, el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, conformado por más de 60 colectivos de familiares que buscan a más de 83 mil víctimas de desaparición en México, exige al Poder Legislativo realizar un proceso de participación y consulta con víctimas y familiares de personas desaparecidas, debido a que el movimiento considera que para responder a esta grave crisis es fundamental la participación de éstos en procesos de búsqueda de la verdad, acceso a la justicia y reparación integral del daño.

El mismo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que la LFGR implicaría un retroceso en la administración de justicia y en la colaboración interinstitucional, propia de un estado de derecho, al afectar los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición. De igual manera, expresó que la iniciativa propone el retiro de la Fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda, del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y de otros mecanismos, cuando lo que se requiere es una mayor coordinación interinstitucional para combatir la desaparición de personas, así como las agresiones a personas defensoras y periodistas.

En una carta dirigida al Senado, fechada el 8 de diciembre pasado, el representante de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, ha considerado, entre otras cosas, que la nueva ley eliminaría varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica de la Fiscalía, sobre todo en lo que respecta a la participación de las víctimas y personas defensoras en las investigaciones.

Sobre éstas, la ONU-DH menciona que se suprimen elementos técnicos de suma importancia para abordar los desafíos que hoy enfrenta nuestro país, como la investigación de fenómenos criminales, junto con la de los delitos individuales. Recientemente tres personas relatoras y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas, expresaron que ciertos artículos de la iniciativa son preocupantes en lo que respecta a su conformidad con las obligaciones de México en materia de derecho internacional, ya que afectaría también el derecho a un recurso efectivo de las víctimas de violaciones a derechos humanos, especialmente de personas defensoras de derechos humanos y de migrantes, así como el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, el principio de independencia de la Fiscalía y la búsqueda de personas desaparecidas (https://cutt.ly/Bj5KmWT).

Todo lo anterior plantea el fondo y la trascendencia de la cuestión: la conformación de un modelo efectivo de seguridad, impartición y administración de justicia en nuestra nación, cuyo contenido permita enfrentar la grave crisis de derechos humanos que atravesamos. Más allá de las consideraciones expresadas, parece que la ruta más adecuada sobre las discusiones en torno a la iniciativa debe comprender la implementación de procesos de participación activa y de consulta efectiva, en las que se escuchen todas las voces, por diversas que sean, particularmente las de las víctimas.

Asimismo, es relevante que se revise a fondo la Ley Orgánica de la Fiscalía, antes de pensar en su abrogación, para ver críticamente sus áreas de oportunidad y para vislumbrar una ruta para su fortalecimiento.