a Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó anteayer inhabilitar por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público a Alfredo Castillo Cervantes, quien habría faltado a la verdad en sus declaraciones patrimoniales de 2014 a 2016 al omitir declarar seis cuentas bancarias en las que él y su cónyuge tenían más de 18 millones 300 mil pesos. Por otra parte, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos entregó a la Cámara de Diputados una indagatoria para que tramite el desafuero de Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, quien pertenece a la bancada del Partido del Trabajo, pero obtuvo su curul bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática. De acuerdo con la carpeta de investigación, el ex jefe delegacional de Coyoacán y ex integrante de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene a su nombre tres propiedades con un valor combinado de 34 millones 560 mil pesos, lo cual resulta incompatible con sus declaraciones patrimoniales y con sus ingresos de servidor público.

e acuerdo con el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, las labores que se realizan bajo un régimen de subcontratación ( outsourcing en inglés) son las que efectúan los trabajadores contratados por un patrón, a quien se denomina contratista, para ejecutar obras o prestar servicios bajo su dependencia directa a favor de otra persona, física o moral, denominada contratante o beneficiario, la cual establece las tareas de las personas trabajadoras del contratista y las supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras dispuestas en los respectivos contratos.

eguramente debamos recurrir a la memoria para ubicar al juez Guzmán. Su historia es un ejemplo de dignidad. Entendió la justicia como una labor en la cual el Poder Judicial y la ley no son reductos desde los cuales manipular los hechos para beneficiar a los poderosos de siempre. Nunca se consideró un empleado al servicio de las plutocracias. Guzmán Tapia creyó en la división de poderes, y así ejerció su magistratura. Fue testigo, en múltiples ocasiones, de jueces que agacharon la cabeza, prefiriendo una carrera judicial sin espinas y así, cumplir los deseos de los amos del país. En Chile ese ha sido el camino de muchos, más durante la dictadura del general Augusto Pinochet. No fue el caso de Guzmán Tapia. Su amor a la justicia, su deseo de ser fiel a los principios éticos sobre los cuales se asentó su labor marcaron sus decisiones. Desde su primer nombramiento en el sur de Chile como juez en Panguipulli, allá por 1972, se notó su impronta. Territorio mapuche, visualizó la pobreza, las falsas acusaciones de los terratenientes, la discriminación, el encarcelamiento arbitrario de Lonkos. No claudicó ante las presiones de los oligarcas. A su muerte, el vocero mapuche de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, señala que el juez Guzmán no sólo debe ser recordado por su valentía en el encausamiento a Pinochet, sino por haber contribuido a la lucha de nuestro pueblo que se expresó concretamente en una acción decidida en asumir la defensa de algunos dirigentes mapuches perseguidos por el Estado chileno.

rácticamente cada día queda más claro que las fuerzas armadas, es decir, el Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional, son un poder preponderante en la actual administración. Durante las semanas recientes el caso Cienfuegos ha causado un gran revuelo y ha vuelto a poner en evidencia la debilidad institucional para una procuración de justicia con estándares democráticos. No obstante y con independencia del caso Cienfuegos, frente a los recientes señalamientos y documentación de casos que las vinculan a graves violaciones a los derechos humanos, vale la pena preguntarnos si, en efecto, las fuerzas armadas siguen hoy bajo el mismo manto de impunidad que les protegió durante las anteriores administraciones.

e los viejos colonialismos y sus secuelas estamos lejos de habernos librado en nuestra América. Es el caso de Venezuela y los planes imperialistas actuales para convertir a su ancestral componente de la Guayana Esequiba –rico en recursos naturales, de posición geoestratégica y geoeconómica envidiables a escala regional– en un factor de provocación permanente contra Caracas y de amenaza a su soberanía por tratarse de un territorio en disputa con la vecina Guyana: un recurso envenenado, además, para dividir a los pueblos del Caribe y, en general, de nuestra América. Todo ello aceitado por una catarata mediática antivenezolana por cuenta de la petrolera estadunidense Anadarko.