Los responsables de la ejecución del presidente del Consejo Internacional de Empresarios, Martín Rodríguez Sánchez, huyeron a los municipios de Nezahualcóyotl o La Paz, estado de México, por lo que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) se coordina con su homologa mexiquense a fin de detenerlos.

Las autoridades destacaron que una de las principales líneas de investigación con las que cuenta es que se trató de una agresión directa por los dos hombres que viajaban en una motocicleta negra.

En el ataque murió el escolta del empresario, el suboficial adscrito a la Policía Bancaria e Industrial David González Juárez, mientras una mujer que caminaba por la calle Dakota, en la colonia Nápoles, resultó herida; sin embargo, la FGJ prefirió no dar a conocer si los sujetos residen en esa entidad, si la motocicleta en la que huyeron cuenta con reporte de robo ni si la víctima contaba con amenazas de muerte.

La fiscalía confirmó que frente a las oficinas a las que llegaba Rodríguez, quien momentos antes había estado en un gimnasio, se hallaron 21 casquillos percutidos y tres balas deformadas calibre .9 milímetros, además de que un testigo señaló a policías de investigación que después de escuchar detonaciones de arma de fuego logró observar a un individuo de gorra blanca que disparó contra los dos hombres para después huir.

Refrendó que investiga la posible relación entre el corporativo Join Business –que encabezaba el empresario– con JJ Acounting, firma fantasma contratada por el ex subsecretario de Administración y Desarrollo Humano de la Ciudad de México en el anterior gobierno, Miguel Ángel Vázquez Reyes.

Al parecer Join Business creó JJ Acounting, a la que la Secretaría de Finanzas en la administración de Miguel Ángel Mancera pagó 406 millones de pesos en 2018 para recuperar el impuesto sobre la renta, aunque no se encontraba en la necesidad de contratar despachos contables, ya que la dependencia tenía la infraestructura tecnológica y de recursos humanos.

En la indagatoria que se sigue en contra de Vázquez Reyes se detectó que JJ Acounting, junto con otros dos despachos, no realizó ningún trabajo y al final fue personal de Finanzas el que entregó la documentación a los consultores, quienes solamente devolvieron lo correspondiente a fin de justificar su supuesta labor.

La FGJ se coordina con el Registro Público de la Propiedad y con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar el vínculo entre ambas empresas.