La Haya., El primer ministro holandés, Mark Rutte, anunció ayer la dimisión de su gobierno, sacudido por un escándalo en el que miles de familias fueron acusadas erróneamente de fraude con las ayudas sociales.

El estado de derecho debe proteger a sus ciudadanos del todopoderoso gobierno y aquí esto fracasó de forma estrepitosa, declaró Rutte en una rueda de prensa, y agregó que presentó la renuncia de todo su gobierno al rey Guillermo Alejandro.

Miles de familias se vieron obligadas a devolver las ayudas sociales, lo que sumió a muchas de ellas en graves problemas financieros. Algunos de los hogares estaban en la mira de la administración por su origen étnico, con base en su doble nacionalidad.

Una investigación parlamentaria publicada en diciembre reveló que funcionarios de impuestos pusieron término a las prestaciones de miles de familias, acusadas en falso de fraude entre 2013 y 2019, y las obligaron a devolverlas de forma retroactiva. En algunos casos se trataba de decenas de miles de euros. Altos responsables políticos, entre ellos varios ministros, están acusados de pasar por alto estos errores, de los que eran conscientes.

La dimisión del gobierno tiene lugar dos meses antes de las elecciones legislativas, previstas para el 17 de marzo, y en plena crisis sanitaria que ha obligado a imponer en el país las restricciones más estrictas desde el inicio de la pandemia.

El sistema político holandés permite la existencia de un gobierno que ha dimitido, que puede ocuparse de los asuntos corrientes en espera de la formación de un nuevo gobierno o de elecciones.

La presión contra el gobierno aumentó el jueves tras la dimisión del jefe del Partido Laborista holandés (PvdA), en la oposición, Lodewijk Asscher, ministro de Asuntos Sociales de 2012 a 2017, en la anterior coalición gubernamental de Rutte.

El abogado de víctimas, Vasco Groeneveld, interpuso el martes una demanda contra tres ministros en el cargo y dos ex ministros, entre ellos Asscher.

Se comprobó que los funcionarios de impuestos procedieron a una distinción étnica de unas 11 mil personas con base en su doble nacionalidad.

Varios padres implicados difundieron el lunes un video en el que instaban al gobierno a dimitir.

En diciembre, el gobierno holandés dijo querer pagar en los próximas cuatro meses al menos 30 mil euros (35 mil dólares) a cada cabeza de familia que resultó afectada, pero la medida no fue suficiente para apaciguar el escándalo.