ivo en tiempos difíciles, de hambre, de envidias intelectuales, de compulsiones caóticas, de hostilidades inaceptables, pero, a la vez, en un mundo lleno de esperanza y de fe”, sentencia un fragmento del juramento normalista. Y hoy, vaya que son tiempos difíciles para el normalismo mexicano.

Resulta lamentable que se tengan que regatear los recursos destinados para la formación de uno de los elementos fundamentales de los procesos educativos: los docentes.

En días pasados, los diputados encargados de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación decidieron otorgar poco más de 170 millones de pesos a las escuelas normales públicas. Esto, más allá de un intento por revalorar la figura docente, significa una hostilidad inaceptable, al reducir en 60 por ciento el presupuesto destinado a estas instituciones. Con ello, a cada alumno le corresponderían mil 844 pesos para su formación en todo 2021 y a cada escuela 640 mil pesos para el mismo periodo.

De este dinero, casi 60 por ciento es destinado a infraestructura y equipamiento: mantenimiento, construcción de baños, aulas, salones, bibliotecas, restauraciones, computadoras, material bibliográfico y demás insumos para el desarrollo académico. Otra parte se usa para investigación, movilidad académica, profesionalización docente, actualización curricular y actividades enfocadas al mejoramiento escolar.

Anteriormente, este presupuesto se administraba a través del programa S300 de la extinta Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (Dgespe), ahora transformada en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (Dgesum). Sin embargo, bajo la lógica de compactar programas y funciones, también ha desaparecido.

En su lugar, los recursos llegarán a través del programa S267, el cual se enfoca en el Fortalecimiento de la Calidad Educativa; pero para que funcione, se deben emitir nuevas reglas de operación, las cuales aún no han sido definidas y no existe una ruta clara para su ejecución.

Ante ello, integrantes del Congreso Nacional y trabajadores de las normales públicas y centros de actualización del magisterio han hecho diversas propuestas que pueden remediar la situación (http://ow.ly/xq2C50CmZkD):

1. Un programa de transferencias de recursos directos hacia las escuelas para atender los rezagos de infraestructura física y de conectividad.

2. Asignación directa presupuestal para la equidad y regularización de todos los trabajadores que se encuentran comisionados, por contrato y en constante violación a sus derechos laborales.

3. Recursos destinados a cada institución para promover el desarrollo profesional, programas de maestría y doctorado, investigación, tareas académicas, programa editorial, así como extensión social y cultural.

4. Asignación de recursos para llevar a cabo la transformación curricular de 17 nuevos planes y programas de estudio que demanda una nueva escuela, mediante la participación democrática de la comunidad normalista.

5. Recursos directos para atender las acciones derivadas de la Estrategia Nacional de Mejora.

Esta iniciativa ha sido firmada incluso por el reconocido filósofo y escritor Peter McLaren, especialista en sicología del aprendizaje y uno de los principales propulsores de la pedagogía crítica.

Más allá de las políticas de austeridad del gobierno federal, estamos viendo otro ataque frontal a nuestras escuelas normales, las cuales han sido espacios históricos de lucha, resistencia y, sin duda, focos de esperanza y desarrollo nacional.

Bien valen los esfuerzos, desde todas las trincheras, para defenderlas.

*Periodista especializado en temas educativos. Director editorial de Educación Futura. Locutor de La otra educación, en 97.3 fm. Twitter: @elErickJuarez