El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó anoche solicitar un presupuesto adicional por mil 499 millones de pesos para 2021, a fin de realizar la consulta popular sobre el enjuiciamiento a actores del pasado.

PAN y PRD calificaron de significativo el costo que tendrá el ejercicio y que deberá ser pagado por la ciudadanía, al insistir en que si hay elementos probatorios de hechos delictivos cometidos por ex presidentes, éstos deben sometidos a juicio. Añadieron que el país requiere seguridad y un verdadero gobierno, no ocurrencias electoreras.

Morena rechazó que la consulta sea una ocurrencia populista o electorera y expuso que se trata de una medida que permitirá tomar en cuenta la opinión de la población.

Lo que se va a hacer es un juicio contra quienes han gobernado, contra el Estado corrupto de los partidos políticos del pasado, puntualizó el diputado federal morenista Alejandro Viedma.

El costo es de mil 499 millones de pesos

En sesión, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, dijo que los mil 499 millones de pesos es una cantidad mucho menor a los 8 mil 169 millones de pesos que se requerirán para organizar las elecciones del próximo año. Esa cifra es la única oficial que ha dado a conocer el órgano comicial, cualquier otra es una mera especulación, puntualizó.

Cuando se aprobó el proyecto de presupuesto del instituto para 2021 en agosto pasado, recordó, ni siquiera se había planteado la consulta al Senado por parte del Ejecutivo.

Para llevar a cabo dicho ejercicio, sin afectar las tareas electorales en curso y con base en los parámetros técnicos que caracterizan al INE, se necesita la cantidad referida, insistió Córdova Vianello, quien recordó que muchos de los materiales y servicios que se contratarán para los comicios servirán para este ejercicio.

El consejero Ciro Murayama expuso que llevar a cabo una consulta en serio requiere recursos económicos.

Estimó que otras consultas efectuadas en el pasado reciente no fueron genuinas, entre otras razones porque no fueron avalados por la Corte, no hubo un padrón confiable y quienes instalaron las mesas receptoras fueron al mismo tiempo quienes las promovieron y por tanto fueron jueces y parte.