La representación permanente del gobierno de México ante los organismos de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), con sede en Ginebra, Suiza, defendió la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad.

En respuesta a la preocupación expresada recientemente por varios expertos del organismo multilateral sobre el decreto –que entró en vigor el 12 de mayo– que permite al presidente Andrés Manuel López Obrador disponer de los cuerpos castrenses para llevar a cabo tareas de seguridad pública, la delegación diplomática mexicana detalló que se trata de una medida extraordinaria y que en su actuar se respetarán las garantías de la ciudadanía.

El pasado 9 e octubre, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU y los relatores especiales sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; sobre tortura y otros tratos crueles, y sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, enviaron un documento oficial al gobierno mexicano donde manifiestan su preocupación sobre la falta de información y disposiciones que permitan evaluar la conformidad del decreto con los estándares constitucionales e internacionales, así como la posibilidad de que pueda ampliar el papel de las corporaciones armadas en la seguridad pública y con ello se exacerbe el alto nivel de violencia en algunas regiones del país y se favorezca la comisión de graves violaciones a derechos humanos.

En su respuesta, la representación diplomática señaló que el Estado Mexicano reitera que ante los retos que el país enfrenta en materia de seguridad, las fuerzas armadas constituyen elementos fundamentales para salvaguardar el estado de derecho y el orden constitucional, previéndose incluso esta actividad como parte de su existencia y atribuciones, con pleno respeto a los derechos humanos.

Con base en el decreto, el Ejército y la Marina asumen la obligación de realizar las acciones necesarias para tener una participación más activa en coadyuvancia de las autoridades civiles (la Guardia Nacional) en materia de seguridad pública, incluyendo la función de primer respondiente, de forma extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La misión de México ante los organismos de la ONU en Ginebra recordó que recientemente un juez federal otorgó un amparo a una organización civil que alegó la inconstitucionalidad del decreto referido, y corresponderá al Poder Judicial federal, y en última instancia a la Suprema Corte de Justicia de la Na-ción (SCJN), resolver esa y otras controversias contra el acuerdo.

Cabe destacar que el fallo que, en su caso, emita la SCJN, será inatacable y vinculante para los tres poderes de la unión.