on este artículo concluye un repaso sucinto del Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2020, reporte anual emblemático de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dedicado en lo esencial a la apreciación de los considerables daños infligidos por la pandemia de Covid-19 a la economía y el comercio mundiales. En una primera parte, aparecida el primero de octubre, se prestó atención a los factores que en el curso del último decenio condujeron a la pandemia y a sus primeras y tremendas repercusiones. Una segunda entrega, el 15 del mismo mes, aludió al alcance y gravedad de las afectaciones a la producción, el empleo y los salarios, el comercio, los ingresos y la desigualdad, y su proyección en una década que se inicia bajo los peores presagios y se teme sea uno más de los ‘decenios perdidos’. Se presenta ahora una versión –que espero no resulte simplificada en exceso– de la respuesta propuesta por la Unctad en ese informe: la integración e implementación de una estrategia global, concebida como un plan mundial de recuperación, para superar tales consecuencias y encauzar el desarrollo futuro por rumbos más equitativos y menos vulnerables.
Para apuntar las políticas y acciones orientadas a superar la situación surgida a raíz de la pandemia, la Unctad propone un reconocimiento cabal del alcance –muy amplio– y de la severidad –aguda en extremo– de sus consecuencias. Se aparta así de la desfortunada proclividad a minimizar una y otras, que por desgracia ha sido la línea de menor resistencia (o costo político) que ha elegido transitar buen número, si no es que la mayoría de los gobiernos nacionales enfrentados al mayor desafío que en más de 100 años ha debido enfrentar la comunidad internacional. Se plantea entonces una estrategia de dos dimensiones simultáneas, la de salud y la económica y social, cuya predominancia relativa se moverá en forma gradual de la primera a la segunda. En éste, el año de la pandemia
, ha sido claro el predominio de las acciones sanitarias, aceptando su muy elevado costo económico y social. En lo sucesivo se buscarán balances efectivos: acciones de salud mejor diseñadas y más eficaces, compatibles con políticas de recuperación de la actividad y el empleo. A fin de cuentas, cuando se hayan generalizado las acciones de prevención, mediante programas universales de vacunación, y disponibilidad de tratamientos eficaces en los sistemas de salud pública, se podrá otorgar la mayor prioridad a las nuevas políticas de desarrollo con equidad.
“Lo primero que hay que hacer –advierte el Informe– es evitar caer en los errores cometidos en la última crisis. Ello supone que en materia de política macroeconómica es preciso mantener una orientación expansiva, con un correcto equilibrio entre sus componentes monetario y fiscal, hasta que el sector privado recobre la confianza y un cierto nivel de gasto fuertemente orientado a la inversión. Para evitar la posibilidad de perder una década será necesario que los gobiernos, en particular los de los países avanzados, mantengan el déficit durante varios años.”
Se requiere también que, a contrapelo de la actitud dominante en los decenios recientes, los gobiernos asuman la responsabilidad que les corresponde en regir, orientar e impulsar la reactivación de la producción y del empleo. Estos objetivos compartidos no convocan a la uniformidad ni simultaneidad de un recetario común de acciones de política económica y social. Se requiere, eso sí, diálogo y coordinación. Cada quien debe ser consciente de las implicaciones para terceros de sus propias acciones de política. Evitar las ‘políticas a costa del vecino’ supone fomentar la concertación y la cooperación en los planos bilateral, regional y multilateral.
Debe constatarse, más allá del contenido del Informe, la importancia de los esfuerzos multilaterales alrededor de la primera gran oportunidad de acción global coordinada: la formulación, fabricación y distribución de las vacunas contra el Covid-19. Esta iniciativa –que reune a organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y a la que se han sumado alrededor de 75 naciones– parece no estar siendo por completo aprovechada. Algunos de los países mayores han preferido patrocinar esfuerzos nacionales más o menos aislados para asegurar un pronto acceso a los primeros suministros. En el confuso panorama que al respecto existe a finales de octubre, parecen todavía pesar mucho los elementos tradicionales de control sobre la propiedad intelectual, ventaja comercial y búsqueda de ganancias de empresas farmaceúticas, a menudo asociadas con centros de investigación con financiamiento gubernamental. Es claro que una respuesta global efectiva requiere también un profundo cambio de actitudes.